En el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República el Gobierno colombiano radicó el proyecto de ley para la aprobación del ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, denominado Acuerdo de Escazú. 

El proyecto tiene mensaje de urgencia, pues el Acuerdo fue firmado en diciembre de 2019 ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), como uno de los más importantes logros de la Gran Conversación Nacional instalada por el gobierno del Presidente Iván Duque.  

“Este Gobierno cumple su palabra. El Señor Presidente se comprometió con blindar el país con el más robusto marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar nuestra máxima protección al medio ambiente. Hoy radicamos ante el Congreso este proyecto de Ley que fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales. Este acto confirma la voluntad del gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”, indicó el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

El proyecto de ley, presentado con mensaje de urgencia y que impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, incluye las firmas de las carteras ministeriales que se encargarán de su implementación: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Esperamos que el Congreso de la República acompañe por unanimidad esta iniciativa del Gobierno con la cual no solo materializamos la voluntad de diversos sectores sociales y de nuestras comunidades, refrendado en el marco de la Mesa de Medio Ambiente de la Gran Conversación Nacional inaugurada el pasado 28 de noviembre de 2019, sino que acogemos un tratado internacional muy importante para América Latina y el Caribe”, recalcó el Ministro.

De ser aprobado por el Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control automático por parte de la Corte Constitucional. Así mismo, a nivel internacional, 11 Estados deben ratificarlo para que pueda entrar en vigor. A la fecha ya lo ratificaron: 9 países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay); ya lo firmaron y está pendiente su ratificación, 13 países: (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía).

En Perú, mientras tanto, el nuevo Canciller, Mario López, indicó que la posición del Gobierno es de seguir dialogando sobre el tema, conociendo las diferentes posiciones alrededor de este acuerdo. “Hay una discusión que se ha abierto a nivel nacional. Pero, hay una posición que es la de seguir dialogando, conociendo los pro y los contra. No ratificarlo todavía, no hay un consenso. Es la mejor oportunidad ahora de conocer las diferentes posiciones. Recordemos que este convenio está hace un año en el Congreso”, afirmó en Agenda Política.

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