Hace dos años. En marzo del 2018, América Latina y el Caribe marcó un hito en la historia al adoptar, en la localidad de Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, y suscrito por el Perú.

Este acuerdo es crucial porque es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios somos todos, pero en particular los grupos y comunidades más vulnerables. 

Para conocer más de ello conversamos con Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y con Mariano Castro, exviceministro de gestión ambiental y docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUCP.