Contraloría General de la República acaba de dar una pista de la razón por la que centenares de familias de Lima y de distintas regiones, donde la pandemia del COVID-19 ha causado miles muertes y crisis económica en gran cantidad de hogares, reclaman por no haber recibido la canasta de alimentos que el Ejecutivo destinó en medio del estado de emergencia decretado para combatir al virus. 

Un informe del órgano de control, al que tuvo acceso La República, revela que empleados públicos, que ganan lo suficiente para adquirir productos comestibles, se repartieron las canastas aprovechándose de su posición. Contraloría detectó 740 casos en Lima (19%), 465 en Loreto (12%) y 384 en Piura (10%), regiones que concentran a la mayoría de afectados por el nuevo coronavirus y donde los alimentos y las medicinas son una cuestión de vida o muerte. 

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que se ha identificado a 4 mil 212 funcionarios públicos que se repartieron indebidamente canastas de víveres, a pesar de que reciben salarios que fluctúan entre los 1.200 soles y 10 mil soles mensuales. De los casos identificados, 740 (18%) corresponden al área de la región Lima y a la capital, propiamente dicha. De ese total, sorprendentemente, 131 casos (18%) se registraron en la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional.

También se descubrieron en Loreto 465 incidentes de este tipo de hechos ilícitos (11%) y 384 en Piura (9%). Da la casualidad de que en Lima, Loreto y Piura se concentran la mayor cantidad de contagiados por el nuevo coronavirus. Lo que suena más descabellado de lo informado por contraloría es que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los 5 mil soles figuran en el registro de beneficiarios de canastas. Evidentemente, ellos nunca debieron recibirlas por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

“Incluso han sido identificados dos funcionarios que perciben más de 10 mil soles mensuales como ingreso neto”, añadió el contralor Nelson Shack, quien prefirió no  revelar los nombres y apellidos de los involucrados, pero confirmó que entregaría toda la información al Ministerio Público para que investigue cada uno de los casos y proceda a formular la denuncia correspondiente.

"Ya nos llegó una solicitud formal del fiscal coordinador de delitos de corrupción (Omar Tello) para tener acceso a esta información. Se tienen los nombres, DNI y dónde trabajan (los funcionarios y servidores públicos implicados). Nuestra función es luchar contra la inconducta funcional y la corrupción", afirmó Shack.

Una de las primeras medidas del Ejecutivo, en marzo de este año, fue destinar más de 234,2 millones de soles a 1.874 gobiernos locales para la adquisición y distribución de comestibles básicos a los más afectados por la emergencia sanitaria, a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el Ministerio Público tendrá que intervenir para establecer si los funcionarios y servidores públicos solicitaron las canastas de alimentos, y verificarán si los implicados consumieron los productos o los vendieron a terceras personas, lo que implicaría una mayor gravedad.

(Foto de cabecera: Andina)

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