El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por la propagación del COVID-19 en el país. La norma, que afecta a 56 peajes y concesionarias, tuvo que ser aprobada por insistencia por parte del Congreso, luego de que el Poder Ejecutivo se negó a firmarla debido a que podría generar perdidas de millones de dolares.

La demanda de inconstitucionalidad señala que la ley contraviene tres artículos de la constitución. El más importante de estos es el artículo 62°, el cual señala que la ley no puede modificar términos de contratos.  En ese sentido, al haber modificado los contratos entre el Estado y los concesionarios que manejaban los peajes, la ley habría infringido este artículo y debería ser declarada como inconstitucional, de acuerdo al Ejecutivo. 

Asimismo, señala que la ley va contra el artículo 137° de la Constitución, el cual regula los Estados de Emergencia, indicando que el Congreso ha ido más allá de lo que les es facultado, ya que no puede “dictar medidas relacionadas con la declaratoria del Estado de Emergencia, como ocurre con la Ley… que bajo pretexto de evitar el contagio del COVID-19, suspende el cobro de peajes”. En ese sentido, consideran que el Parlamneto ha tomado medidas que no son razonables ni proporcionales con el objetivo del Estado de Emergencia. 

Finalmente, el Ejecutivo sostiene que la ley contraviene el artículo 58° de la Constitución, ya que afecta las políticas de desarrollo vial dadas por el Estado y genera el incumplimiento del Estado peruano frente a los contratistas, incumpliendo las normas que ellos mismos han emitido, pudiendo producir demandas internacionales ante el Ciadi.

María Antonieta Alva, ministra de Economía, consideró que la Ley 31018 tiene consecuencias nefastas para el Estado. "Hay efectos muy concretos en los ciudadanos sin considerar todas las contingencias que vamos a tener en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). No solamente hay posibilidades de que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados. Vamos a tener que pagar indemnizaciones”, señaló Alva. 

Por su parte, Rennán Espinoza, congresista de Somos Perú, se mostró en contra de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo. "Yo esperaba que la demanda de inconstitucionalidad lo presente Rutas de Lima o Línea Amarilla, Odebrecht, OAS, o quien se sienta afectadas ante la indolencia de pretender seguir cobrando peajes. Pero ahora veo que es el Ejecutivo quien termina sacando cara por estas empresas, pero es parte del juego democrático", comentó Espinoza a Canal N. 

El legislador señaló que parecería que el Ejecutivo "tiene tiempo" para presentar demandas por este tema y no más bien por denuncias contra algunas clínicas que cobran por realizar pruebas moleculares, cuando estas son realizadas de manera gratuita por el INS, afirmó. Espinoza también se refirió a la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura y la ola de críticas que ha levantado en contra del gabinete. "Espero que presenten denuncia contra Richard Cisneros que es el que está generando mayor problema político al mismo Gobierno", comentó.

(Foto de cabecera: Andina)

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