En medio de cuestionamientos al sistema penitenciario ante la propagación del COVID-19 en las cárceles del país, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró cosa “inconstitucional” el hacinamiento en los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional. Por tanto, ordenó que las instituciones implicadas en el tema tomen medidas urgentes para solucionar este problema. 

El TC llegó a esta conclusión tras analizar el expediente N° 05436-2014-PHC/TC, interpuesto por el interno C.C.B. del establecimiento penitenciario de Tacna, el cual fue aprobado por mayoría, durante su sesión virtual. El máximo organismo constitucional dispuso que si en el año 2025 no se consigue superar dicho estado se deberán cerrar los penales que hayan alcanzado mayores niveles de hacinamiento.

Dicho cierre empezará por los 6 establecimientos penitenciarios de mayor hacinamiento en el Perú: Chanchamayo (553 %), Jaen (522 %), Callao (471 %), Camaná (453 %), Abancay (398 %) y Miguel Castro Castro (375 %), o aquellos 6 penales que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento.

Seis de los magistrados votaron a favor: la presidenta del TC, Marianella Ledesma (ponente de la causa), seguida por los magistrados Carlos Ramos, Augusto Ferrero, Ernesto Blume, Manuel Miranda y Eloy Espinosa- Saldaña. Y una posición en contra: José Luis Sardón.

El TC declaró, además, que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exigen el trabajo conjunto y coordinado entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general. 

En su sentencia, exhortó al Poder Judicial, en el marco de sus competencias, a identificar un adecuado nivel de equilibro entre los principios y derechos que se encuentran involucrados, al dictar las prisiones preventivas.  "Las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometidos delitos graves que impliquen peligro social", indicó, al referir que no resulta coherente que personas que han cometido otros delitos, que pueden cumplir penas alternativas a la privación de libertad, terminen privados de su libertad igual que aquellos que han cometido delitos graves.

Esta semana, La Mula reveló un presunto plan de los internos de varios penales del país para levantarse ante la casi nula atención que vienen recibiendo por parte del INPE en el marco del avance del COVID-19. La motivación de estos actos, según colaboradores de inteligencia, están directamente vinculados a la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de no dar libertad a los reclusos, y a la negativa del Congreso de aprobar el proyecto de ley de deshacinamiento de los penales.

Tanto ha sido la presión sobre este tema que, durante el pronunciamiento del Gobierno en el que anunció la extensión del estado de emergencia por la propagación del COVID-19, el primer ministro, Vicente Zeballos, informó que se había formalizado el pedido de facultades al Congreso para poder legislar en materia penal, procesal, penal y penitenciaria para atender la problemática del hacinamiento en los penales del país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. A través del oficio N° 067-2020-PR, el presidente Martín Vizcarra se dirigió al titular del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, para tramitar la solicitud con carácter de urgencia.  

Días atrás, el Ejecutivo anunció que realizarían un nuevo pedido de facultades luego de que el Congreso no aprobara su propuesta inicial para atender esta problemática en penales y centros juveniles del país. “El problema está ahí y hay que darle una solución. Hemos tomado como decisión de Gobierno, si (el Congreso) no legisla al respecto, dennos la responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer. Aquí no se trata de lavarse las manos”, manifestó Vizcarra en ese entonces.

El Parlamento acató la urgencia para debatir la solicitud del Gobierno y tanto el premier como el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, fueron citados de manera presencial a las 10 p.m. del 22 de mayo para que sustenten su pedido ante el pleno. Finalmente, la madrugada del 23 de mayo, el Congreso aprobó por mayoría delegar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia penitenciaria mediante medidas excepcionales orientadas a reducir el hacinamiento en los penales ante el riesgo de contagios por coronavirus.

(Foto de cabecera: Andina)

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