El congresista José Luis Luna Morales ha sido uno de los principales promotores, junto a su bancada Podemos Perú, de la ley que permite el retiro del 25% de las AFP para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19), promulgada el jueves pasado por el titular del Legislativo, Manuel Merino, y publicada al día siguiente en el Diario El Peruano. 

Resulta que, mientras su agrupación política celebraba por la puesta en vigencia de la norma, la Escuela Internacional de Posgrado, empresa del rubro académico fundada por el actual parlamentario y su padre, el empresario José Luna Gálvez, retuvo ilegalmente el 10% de los aportes de sus trabajadores y nunca los depositó a sus cuentas de AFP y ONP. 

De acuerdo un informe de Punto Final, la empresa del legislador de Podemos Perú se quedó de forma unilateral con el dinero que debía servir para su jubilación. Una extrabajadora de esa empresa aseguró que ningún alto mando responde los reclamos del personal. Afirmó que incluso la contadora de esa empresa ha bloqueado su número telefónico para no responder por la retención del importe que debió abonarse.

“[Esto nos pasó] a todos los que trabajábamos ahí, a las secretarias, asistentes, los docentes, todos. Nos han retenido [el dinero]. Ellos no nos hacen caso, no hacen caso para nada, primero que no contestan los teléfonos la secretaria, no contesta la contadora, nos bloqueó del WhatsApp, y cuando nos hemos intentado comunicar, simplemente no contestan”, relató la extrabajadora, que prefirió mantener su identidad en reserva. 

La misma versión tuvo Junior Alejandro Ramirez, un ciudadano venezolano con permiso para trabajar de manera legal en el país. Este ingeniero informático optó por aportar en el sistema nacional de pensiones; sin embargo, el dinero que le correspondía no se depositó.  “Nunca se depositó el dinero a favor de nosotros en las instituciones correspondientes. Nunca supimos porqué no teníamos acceso a esa información y no había pasado lo que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros también tenemos derecho a la devolución de ese aporte porque nos lo descontaban”, aseguró. 

Los trabajadores de la Escuela Internacional de Posgrado recién se dieron cuenta cuando intentaron retirar sus aportes AFP durante el primer reembolso de 2 mil soles en favor de los trabajadores programado por el Gobierno para paliar las necesidades económicas por el estado de emergencia.  Según las boletas de pago mostradas por los afectados, la apropiación del 10% de su sueldo se hizo efectivo en distintos periodos que datan incluso del año 2018. Similar contexto ocurrió con los aportes de ONP. 

Consultado por la denuncia, José Luna Morales, quien es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que necesita “analizar” los pormenores de la situación laboral de los trabajadores de una empresa de la cual dijo “nunca fue gerente”, pero que si aparece en su hoja de vida para postular al Congreso. “Voy a revisarlo inmediatamente para poder solucionarlo. Debe ser un proceso administrativo, que no debería tardar más allá del lunes o martes”, aseguró. 

“Tendría que analizarlo, porque ya no estoy en la autoridad de la empresa hace dos o tres meses. Yo no soy gerente de esa empresa. Soy fundador sí, soy accionista de la empresa como muchas otras que mi grupo económico ha tenido durante este periodo”, señaló.

El parlamentario aclaró que ya no es autoridad de la empresa pese a ser su fundador y accionista. Precisó que en los próximos días solucionará el problema. “Voy a revisar [lo sucedido con el pago a los fondos de los trabajadores] inmediatamente para poder solucionarlo. No debería tardar más del día lunes o martes. Habría que analizarlo para poder tenerlo claro el día lunes. Por supuesto se regularizará el día martes a más tardar”, manifestó.

La Escuela Internacional de Posgrado es una empresa constituida con un capital de 3 millones de soles por el congresista José Luna Morales y su padre, el también fundador de su partido Podemos Perú, José Luna Gálvez. Esta escuela brindaba cursos de especialización y maestrías con cátedras dictadas por personajes de la política como el parlamentario Daniel Urresti. 

En tanto el parlamentario del Partido Morado Gino Costa señaló que Luna Morales debe ser investigado y sancionado por la Comisión de Ética y ser separado de la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. "El congresista Luna debe ser investigado y sancionado por la Comisión de Ética (que debería instalarse YA!), pues su conducta está reñida con el Código de Ética Parlamentaria. Luna también debería dejar el cargo de Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor", indicó en su cuenta de Twitter. 

(Foto de cabecera: Andina)

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