Según estima la socióloga Alejandra Dinegro, investigadora del rubro de las plataformas digitales de delivery, al menos 18,000 personas trabajan en Lima Metropolitana y Callao repartiendo comida a través de las aplicaciones de empresas como Glovo, Rappi, Uber Eats y Urbaner. Este sector de la población económicamente activa se quedaría sin esta fuente de ingresos si es que se llega a concretar la prohibición anunciada por la ministra de la Producción, Rocío Barrios, este 23 de abril. En declaraciones a RPP, Barrios dijo que la habilitación del servicio de delivery durante la emergencia sanitaria a nivel nacional por el Covid-19 no incluirá a las plataformas digitales.

“Las aplicaciones de delivery no aplican en esta etapa, pues no tienen una regulación en el país. ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebran los protocolos?, ¿a quién sancionamos?”, dijo la ministra.

La preocupación de la ministra Barrios es válida y es una tarea pendiente de este Gobierno. Hasta el momento, el Estado peruano no ha regulado la actividad que realizan los repartidores y repartidoras de plataformas digitales.

En junio del 2019, dos congresistas presentaron propuestas legislativas para que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores de esta actividad, pero no se llegó a debatir ni aprobar ningún proyecto en el Pleno.

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Por su parte, en noviembre pasado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó un Grupo de Trabajo con el objetivo de "analizar la problemática sobre las condiciones de empleo de las personas que prestan servicios en plataformas digitales" (Resolución Ministerial N° 272-2019-TR). Este grupo tenía la función de plantear recomendaciones en los 90 días hábiles posteriores a su instalación, plazo que venció en marzo pasado. 

Para Dinegro, socióloga especialista en temas laborales y plataformas digitales,  este informe debería conocerse, ya que las recomendaciones serían útiles y podrían recogerse algunas para aplicarlas en momentos como estos en los que hay necesidad de reactivar la economía y este sector de la población podría salir a realizar sus labores habituales y volver a tener ingresos.

"Son miles de personas que necesitan recibir ingresos, necesitan trabajar. Aproximadamente el 80% de los repartidores son extranjeros, no son beneficiarios de ningún bono y a muchos de ellos ya los han desalojado", señala Dinegro a LaMula.pe.

Anterior a la declaración de la ministra de Producción, la titular del MTPE, Sylvia Cáceres, reconoció que un sector de las personas que trabajan haciendo delivery "ya venían siendo vulnerables desde antes que inicie la cuarentena". Ese sector vulnerable sería el de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales, pero ahora estarían excluidos. Para Dinegro, con esto el Estado "estaría generando otro problema social y económico que se podría desbordar".

Actualmente, la situación de los repartidores de plataformas digitales es de informalidad y precariedad laboral. Para realizar su labor, los repartidores usan sus propias motos y/o bicicletas, gastan en combustible y usan sus propios celulares para cumplir con las entregas. Los ingresos los obtienen a través de comisiones por pedidos. El argumento de las empresas digitales para no reconocer un vínculo laboral es que los aplicativos solo serían herramientas que usan repartidores y comensales para el servicio de delivery courier. Es decir, se presentan como simples intermediarios. 

Dinegro plantea una salida a este problema originado por la emergencia sanitaria por el Covid-19. Propone incluir el servicio de delivery dentro de las actividades esenciales.

"Eso implicaría que los empleadores asuman responsabilidades y reconozcan, a su vez, algún tipo de vínculo laboral. Podrían ser incluso mínimas responsabilidades, contempladas durante el estado de emergencia, con cargo a mejorar las condiciones laborales de estas personas”, señala la socióloga.

Otro dato a tomar en cuenta en esta problemática es la cantidad de restaurantes formales que estarían en capacidad de contar con sus propios repartidores. Según cifras de la ministra de Producción, Perú cuenta con un total de 220,000 (doscientos veinte mil) restaurantes, de los que solo el 20% son formales. Solo estas podrían operar con sus propios servicios delivery desde el 4 de mayo hasta lo que reste de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En otros países, los repartidores de plataformas digitales se han organizado y emitieron un pronunciamiento en conjunto para pedir respeto a sus derechos laborales en medio de esta pandemia. Hace dos días, acataron un paro internacional para denunciar que sufren empleo precario.


[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]


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