El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, consideró que la pandemia de Covid-19 viene siendo aprovechada por los investigados del caso Lava Jato. A través de un escrito, dirigido este jueves a la jueza Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, cuestionó a dicha corte por dar prioridad a pedidos de audiencia planteados por los abogados de varios imputados en el caso que investiga el Equipo Especial, y que no se atienda los requerimientos del Ministerio Público. 

“[...] Los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional están realizando audiencias que no se encontrarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables, lo que vulnera el Estado de Emergencia Nacional con aislamiento social decretado por el Poder Ejecutivo”, manifestó el fiscal Vela en su escrito.

El coordinador del Equipo Especial afirmó que los juzgados de turno de la corte que preside la jueza Villa Bonilla no actúan en base a lo dispuesto en varias resoluciones administrativas emitidas por el sistema nacional de justicia. Las mismas, según indicó el fiscal, mandan que se atiendan casos de urgencia. Asimismo, se quejó de estas audiencias porque “no serían de prisión preventiva, ni aquellas urgentes e inaplazables en las que se estén resolviendo la situación jurídica de investigados detenidos en flagrancia delictiva o requisitoriados”. 

“[En las] Resoluciones Administrativas Nros. 031-032-2020- P-CSNJPE-PJ, de 16 y 30 de marzo de 2020 respectivamente, emitida por la Corte que usted preside, donde se menciona atender los casos urgentes establecidos en la Resolución Administrativa N° 001-2020-P-CSNJPE-PJ, dentro de los cuales no se encontrarían los supuestos de audiencia que están siendo convocados por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional”, enfatizó el fiscal.

Específicamente, Vela expresó su queja en relación a las audiencias que los juzgados de investigación preparatoria de turno han convocado en los casos de Richard James Martín Tirado, investigado en el caso Arbitrajes (cese de prisión preventiva); Weyden García Rojas, investigado también por el caso Arbitrajes (variación de la medida de prisión preventiva por detención domiciliaria); y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Caso Cócteles).

Respecto a este último, el Poder Judicial programó este viernes desde el mediodía la evaluación de su pedido para variar la orden de prisión preventiva en su contra, dictada en octubre de octubre de 2018 en el marco de las investigaciones en torno a los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. La audiencia será dirigida por el juez Roger Santos Benites, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. Se tiene previsto que la sesión inicie a las 12:30 del mediodía.

En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez interpuso una recusación contra el juez Santos Benites, ya que para el equipo especial existe duda de la imparcialidad del magistrado. “Se concluye que la conducta descrita del juez Santos Roger Benites Burgos, en definitiva, constituye una causa que se funda en motivos graves que afectan la imparcialidad de dicho magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que fundan el presente pedido, por los motivos expuestos, lo que afecta la garantía fundamental al debido proceso (...)”, se lee en el documento presentado por Pérez. 

El fiscal Pérez sustentó el pedido de recusación en documentos hallados en el allanamiento a la vivienda de Vicente Silva Checa, otro de los investigados por presunto lavado de activos en el caso de los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. Según aparece en el requerimiento, el juez Benites es mencionado en un documento hallado, denominado “Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria-Sugerencias de acciones inmediatas”.

Otros pedidos 

Quién también solicitó cambiar la orden de 18 meses de prisión preventiva que viene cumpliendo por el de arresto domiciliario fue Jorge Peñaranda Castañeda, investigado por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht cuando se desempeñaba como representante del Consorcio Nororiental Vial Sur y Alpha Consult en el período 2011-2014. En su requerimiento ingresado al Poder Judicial argumenta estar en grave riesgo de ser contagiado por el coronavirus.

A esta solicitud se suma la de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. Su defensa solicitó hace unos días el cese de la prisión preventiva que pesa en su contra por 18 meses en el caso Odebrecht desde mayo del 2019. Según explicó su abogado Raúl Pariona Arana, la exautoridad edil de Lima atraviesa constantes complicaciones de salud. 

“Ella sufre de lupus, un mal que afecta a su sistema inmunológico y también padece hipertensión arterial, que son justamente condiciones crónicas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades que generan mortandad así como el coronavirus (COVID-19)”, sostuvo.

Inclusive, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció la situación de riesgo que enfrentan las internas en el penal de Chorrillos y en especial Susana Villarán, por la que solicitó su liberación "inmediata" debido a que padece una enfermedad autoinmune. “Conozco el caso de la señora Susana Villarán. Es una persona de 70 años y su salud está deteriorada. Como ya es de conocimiento público, ella tiene lupus. Creo que este es otro caso que necesita una excarcelación inmediata”, comentó. 

“Quiero utilizar este espacio en mis redes sociales para informar la situación tan dramática que estoy compartiendo con las internas del penal anexo de Chorrillos, que va más allá de la angustia de no poder estar con nuestras familias”, añadió Keiko Fujimori en Facebook.

En su escrito enviado al Poder Judicial, Vela también se refirió al pedido de variación de prisión preventiva planteado por la defensa de Peñaranda y del Club de la Construcción y el caso de Susana Villarán:

“Sin embargo, no se realizó la audiencia de prisión preventiva programada para el 16 de abril del año en curso, en el Exp. Nro. 03-2017 (carpeta fiscal N° 12-2017-Caso Gaseoducto), en el que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Nadine Heredia Alarcón, Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Octavio Mayorga Alba, ya que en dicha fecha ya nos encontrábamos en Estado de Emergencia Nacional decretado por el Poder Ejecutivo. No siendo la misma reprogramada, al considerarse que no es urgente ni inaplazable resolver este tipo de requerimientos presentados por el Ministerio Público”, cuestionó el fiscal Vela.

(Foto de cabecera: Andina)

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