La última semana ha sido confusa para trabajadores y trabajadoras. Tres días antes de que el gobierno peruano tomara la decisión de ordenar cuarentena obligatoria por el COVID-19, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, señaló que en caso un empleado padezca síntomas de resfrío o gripe, a este se le podrían descontar sus "vacaciones adelantadas", en lugar de un descanso médico, que es lo que corresponde por ley.

Ante las críticas e indignación de los trabajadores, la ministra tuvo que rectificarse, pero se sembró la duda entre empleadores y empleados.

En las redes sociales, trabajadores de diversas empresas denunciaron que sus empleadores se aprovecharon de la situación. Por ejemplo, hubo quienes señalaron que una empresa no había renovado contratos o que mandó de vacaciones forzadas a otros (Cineplanet). La cadena de cines anunció que fueron coincidencias. Otros denunciaron que les pedían ir a trabajar a una planta donde se produce cerveza, cuando este producto no es una necesidad (Backus). Y hubo otras quejas con otras empresas y los respectivos descargos. No obstante, quedaron dudas.

Idas y venidas

Al día siguiente, el lunes 16 de marzo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que los inspectores iban a cumplir con la cuarentena, por lo que no se iban a realizar inspecciones a empresas en estos días. Sin embargo, ante las denuncias de trabajadores, anunció, por la tarde, que sí iba a atender denuncias virtuales y a través de la línea gratuita 0800-16872, pero precisó que solo iba a cubrir las relacionadas al régimen laboral 728.

El mismo día por la mañana, se publicaron el Decreto Supremo 044-2020, que declaró la emergencia nacional, y el Decreto de Urgencia 026-2020, que estableció medidas excepcionales ante esta situación, en la que se busca el aislamiento social para evitar el aumento de los contagios.

En un primer momento, el MTPE informó que el "trabajo remoto" era obligatorio para las personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo de COVID-19: mayores de 60 años, o con problemas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Para los casos en los que no sea posible el teletrabajo, precisó el ministerio, los empleadores deberán otorgarle al trabajador "licencia con goce de haber sujeta a compensación".

Posteriormente, mediante un comunicado, el MTPE aclaró que el trabajo remoto es para todos los trabajadores que puedan cumplir sus labores desde su domicilio y exhortó a los empleadores a "priorizar el empleo del trabajo remoto por el tiempo que dure la emergencia sanitaria".

¿Todos los trabajadores nos quedamos en casa?

Como explica el economista Fernando Cuadros, en principio, la regla general sería que ningún trabajador del sector público ni privado vaya a laborar porque debe estar en cuarentena, pero hay algunas excepciones para personas que trabajan en actividades consideradas esenciales: vinculadas a servicios básicos como agua, luz, gas, alimentos, combustibles, farmacias y servicios de salud, transporte público, funerarias, medios de comunicación, telecomunicaciones, entre otros.

En su comunicado, el MTPE incluyó en la lista de "servicios y acceso a bienes esenciales", por las que trabajadores de estas áreas podrían circular por la vía pública, una cláusula de "otras actividades análogas a las señaladas anteriormente". Esto explicaría la denuncia del Sindicato de Backus, que señaló que, hasta el pasado miércoles 18 de marzo, la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston estuvo obligando a sus trabajadores de la planta de Ate a laborar con la excusa de que pertenecen al rubro de "alimentos y bebidas". En un comunicado, la cervecera informó que quienes laboran durante la cuarentena cumplen con lo indicado en las medidas dadas por el gobierno.

Al respecto, el economista Cuadros señala que lo que debería continuar es la producción de aguas y refrescos, pero no tiene ningún sentido seguir produciendo cervezas. "Estamos en cuarentena y no pueden haber reuniones, no habría demanda. Entiendo que se mantenga la producción de bebidas no alcohólicas, pero la producción de cervezas debería pararse. Lo que se debe mantener son los alimentos y bebidas de primera necesidad", afirma. 

Para el exministro de Trabajo, Christian Sánchez, el problema es que el gobierno dejó una cláusula abierta. "Las actividades esenciales deberían ser aquellas básicas para mantener esta situación por el estado de emergencia. Por un lado, la intención es el aislamiento social y evitar que se rompa esa regla, pero por otro lado se pone una lista abierta de actividades esenciales y otras vinculadas. Esto no tiene mucho sentido porque finalmente las reglas de excepción se van ampliando", afirma el abogado.

A esto debemos agregar que el miércoles 18 de marzo, el Ministerio de la Producción publicó una "Relación de empresas autorizadas para desplazamiento de su personal". En la lista, figuran empresas dedicadas a la producción de bebidas alcohólicas, golosinas, chocolates, cosméticos, productos agrícolas de exportación, entre otras: Backus, Snacks América Latina (Savoy Brands Venezuela y Fritolay Internacional / Grupo PepsiCo), Alicorp (Grupo Romero), Corporación Lindley, Arcor de Perú, Coca-Cola Servicios de Perú S.A., Drokasa Perú, Industrias del Espino (Grupo Palmas - Grupo Romero), Unique, Fábrica de Chocolates La Ibérica, entre otros. (La lista completa fue borrada de la web, pero se puede encontrar aquí). 

Los repartidores de algunos diarios también se manifestaron preocupados porque se sentían expuestos en las calles. "Ese es el problema de no hacer una lista cerrada y dejar supuestos abiertos. Algunos empleadores entienden que brindan un servicio esencial. Pero vemos casos como Luz del Sur, que brindando un servicio básico, no opera con el total de sus trabajadores", comenta Sánchez.

Otro caso es el de los trabajadores portuarios, que denunciaron que se les pretendía hacer laborar en tres turnos de ocho horas, como si estuvieran en una situación regular y no excepcional. "La norma está pensada para garantizar el primer punto de inicio de distribución de bienes esenciales, no para descargar otro tipo de productos, como ropa importada. Eso ya es otra cosa, sería asegurar el negocio de las empresas. Entiendo que nadie quiera perder, pero estamos en una situación en la que todos estamos perdiendo", afirma el exministro.

"Hay malas interpretaciones, confusiones y esto provoca fugas, que varias empresas pretendan la normalidad de su proceso productivo o de prestación de servicios, y se está exponiendo a los trabajadores, a sus familias y a la población en general", señala el abogado.

Sánchez agrega que estas situaciones se pueden corregir realizando ajustes, pero tomando medidas a través de decretos y no de comunicados de prensa. "Es el momento de revisar y hacer ajustes necesarios. Ha quedado demostrado que el presidente Vizcarra ha asumido liderazgo, pero hay cosas que corregir, creo que está siendo receptivo a las críticas razonables. No por ser una situación de emergencia vamos a dejar de señalar lo que se debe mejorar", afirma.

La minería, un caso especial

El Ejecutivo dejó en manos de los diversos sectores determinar qué actividades y empresas podrían seguir operando. El 17 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que el sector minero seguirá operando con normalidad, pese al estado de emergencia. Pero, ¿qué explicación hay para incluir a la minería como si fuera "actividad esencial"?

“Lo mismo podría decirse de la construcción y de otras actividades. El argumento es que es una actividad importante y hay que garantizar los servicios y que el reinicio no sea más costoso. Pero eso lo puede decir cualquier empresario de cualquier sector. Con esta medida, están exponiendo a los trabajadores, los hacen desplazarse, exponen a sus familias. Y no se cumple con el fin último que es el aislamiento social para evitar el contagio", afirma Sánchez.

Un vacío: los independientes e informales

Para compensar la falta de actividad económica y de ingresos durante estos días de cuarentena, el gobierno peruano otorgará 380 soles a cada familia, pero solo a aquellas que consideran como de extrema pobreza o como población vulnerable. Para el economista Cuadros, exviceministro de Empleo, esto es insuficiente, ya que solo se entregará ese monto a una familia y no por integrante. Por ello, propone que se calcule el bono en base al salario mínimo de 930 soles. 

Pero, ¿qué ocurre con los trabajadores informales y los que son independientes y dependen de los ingresos del momento? Cuadros calcula que este sector de la población son 8,5 millones de trabajadores.

"Si la economía fuera formal, los problemas serían menores. El problema es que un gran sector es informal o independiente, que vive de su ingreso diario o semanal. La situación se puede controlar en el sector formal, en la que hay seguros y otro tipo de protecciones. Pero la situación será muy complicada para personas que laboran para una empresa y no están en planilla o son independientes", señala.

[Foto de portada: Gestión]

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