La fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon Munaro, en el marco de la investigación por el caso Proyecto Especial Olmos-Tinajones, en el que es acusado de recibir dinero ilegal de Odebrecht.

El requerimiento formulado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, será evaluado por la jueza María Álvarez Camacho en audiencia pública desde las 09:00 horas de este jueves. Se trata de la misma magistrada que ordenó  la detención preliminar del expremier.

Para la fiscalía, que logró la detención preliminar por 10 días del también expremier existirían elementos suficientes para que se imponga la medida contra Simon, que  no tiene arraigo en el país y podría fugar u obstaculizar las investigaciones. Sobre la prognosis de la pena, el solicitud fiscal  estima que a Simon le corresponderían hasta 28 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. 

"La pena superaría ampliamente el quantum de los cuatro años exigidos por la normativa", se lee en el documento fiscal, que precisa que por el delito de lavado de activos agravado, el pronóstico de pena es de 13 años con 4 mese, y  por el delito de colusión, es de 15 años, condenas que se sumarían.

La solicitud alcanza a Pablo Salazar, exgerente del Proyecto Especial Olmos, que tras su detención admitió haber solicitado y recibido dinero de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, que por su lado ya había declarado en el mismo sentido, al afirmar que entregó US$ 300.000 de la Caja 2 para la campaña de Simon Munaro en  2006. Los pagos ilícitos se hicieron a través de los codinomes 'Gorno' y 'Terco'.

Para Salazar, la fiscalía estima una pena de 24 años con 4 meses, también por los delitos de lavado de activos agravado y colusión. 

A Simon y Salazar además se les acusa de la conversión, transferencia y tenencia ilegal de esos US$300.000. "Han sido obtenidos como consecuencia del ejercicio indebido del cargo público, [...] ocasionando con ello perjuicio patrimonial al Estado", agrega el fiscal Pérez en su requerimiento.

La tesis del equipo especial señala que Simon favoreció a la empresa brasileña en la concesión del proyecto Olmos cuando era gobernador regional de Lambayeque, a cambio de aportes ilícitos para su campaña electoral del 2006. 

Simon por su lado aseguró que se someterá a la justicia y reiteró su inocencia, al asegurar que "jamás" recibió dinero de Odebrecht. "Ratifico mi inocencia. Voy a someterme a la justicia", aseguró la semana pasada, cuando fue traslado a la sede de la Prefectura para cumplir detención preliminar.

Edwin Espinoza, abogado del exgoberdador, alegó que su patrocinado no se ha retraído de la justicia durante la investigación y cuenta con arraigo en el país. "Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es corroborar. ¿Qué necesidad hay de tener detenido en una cárcel a una persona mayor de 72 años?", apuntó en El Comercio.

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