A poco más de un mes de haberse conformado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició proceso disciplinario inmediato de destitución en contra de los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas. Ambos magistrados son  investigados como presuntos miembros de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

La entidad también ordenó la misma medida en contra de los jueces Aldo Martín Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, cuestionados en el mismo caso al ser protagonistas de algunos de los denominados 'CNM Audios'. Además, se dispuso abrir investigación preliminar contra Vicente Walde Jáuregui, expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura; César Eugenio San Martín Castro; y Ángel Henry Romero Díaz. 

En el caso de los dos fiscales supremos y los dos jueces, se les impuso el proceso disciplinario inmediato, prescindiendo de la investigación preliminar, debido a que la conducta es notoriamente irregular con prueba evidente o cuando es flagrante de una falta disciplinaria muy grave.

Esta sanción se basa en el artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, la cual señala que como parte del trámite para estos casos, el imputado debe apersonarse al procedimiento y presentar por escrito su descargo dentro del plazo de diez días.

La JNJ informó que la decisión se adoptó como parte de su Plan de Trabajo a 180 días, que tiene como fin adoptar un conjunto de acciones y medidas orientadas a sentar las bases de su institucionalidad como órgano de garantía judicial. 

Asimismo, señaló que se ha iniciado el proceso disciplinario abreviado en contra de 109 jueces y fiscales, tras las solicitudes de los órganos de control del Poder Judicial (Oficina de Control de la Magistratura) y del Ministerio Público (Fiscalía Suprema de Control Interno), con pedido de la medida disciplinaria de destitución. 

Informó, además, que se retomarán los procedimientos suspendidos, al reiniciar el desarrollo de las audiencias públicas en la que recibe los informes orales para emitir las resoluciones que creen correspondientes. La JNJ toma esta decisión luego de 45 días de instalarse.

“La JNJ es consciente que el trabajo encomendado es de suma trascendencia e importancia para la mejora del sistema de administración de justicia. Por ello, sus miembros asumen con absoluta responsabilidad e independencia este compromiso institucional con la ciudadanía, el cual se desarrollará con total imparcialidad, transparencia, con decisiones adecuadamente justificadas y con respeto a los derechos, principios y garantías del debido proceso, en cada uno de los expedientes”, se lee en el documento emitido por la entidad.

Según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, el proceso “disciplinario” es aquel que se sigue a un/una Juez/Jueza o Fiscal , Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o del Ministerio Público, Jefe de la ONPE o del RENIEC, “en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.

(Foto de cabecera: La República)

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