Riesgo latente. La informalidad y falta control y fiscalización en el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) se hizo evidente en la tragedia de Villa El Salvador, en enero pasado, que causó la muerte de 29 personas hasta el momento, producto de la deflagación de un camión cisterna que transportaba este combustible sin las medidas de seguridad necesarias, pese a lo cual contaba permiso para hacerlo.
Pero la situación es igual o peor en los locales de venta de balones de GLP que usa la mayoría de familias en el país, porque la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), que agrupa a empresas formales, alertó que en el Perú existen unos 30 mil puntos de venta que no cuentan con ningún tipo de permiso, lo que equivale a que el 75% de locales que venden los balones de gas a los hogares del país operan sin control o fiscalización, en la total informalidad.
Se trata de bodegas, ferreterías y hasta casas que almacenan estos cilindros y los entregan en motos lineales o bicicletas sin medidas de seguridad y con personal que en la mayoría de casos no recibe capacitación para manipular esos productos inflamables, sin seguro médico para él y los clientes por si ocurre un accidente en los domicilios.
Así lo sostuvo Isaac Segovia, representante de la SPGL, citado por La República, al cuestionar la falta de control y supervisión de la autoridades, que puedan evitar en el futuro desgracias como las de Villa El Salvador.
"Hoy nadie prohíbe el traslado de balones de gas en moto o bicicleta; nadie certifica si los repartidores han sido capacitados en temas de instalación y control de fuga; si las empresas cuentan con un seguro médico o si han cumplido con darle mantenimiento a sus balones, o de verificar si no los han adulterado como sucede comúnmente. Ninguna autoridad hace algo ante este grave problema por un vacío legal que ninguno de los últimos gobiernos ha decidido corregir".
El Decreto Supremo 27-94/EM dice que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es el encargado de autorizar a los distribuidores de GLP, ya sea a granel o en cilindros y de supervisar la venta de estos productos.
Se tiran la pelota
Pero no lo hace, porque el mismo Osinergmin alega que solo tiene competencia para fiscalizar a los camiones y cisternas, y no a los vehículos menores, como las motos y bicicletas, que reparten a domicilio los balones de gas.
Según el organismo regulador, que se ampara en Ley Orgánica de Municipalidades, es función de las comunas regular y controlar la circulación de vehículos menores. Agregó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es responsable de aprobar y certificar las modificaciones que se les hacen a estas unidades, a las que se les adaptan muchas veces canastillas para trasportar los balones.
Por su lado, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) se pronunció hace unos días que las comunas solo son responsables de la entrega de las licencias de funcionamiento y de defensa civil, pero no de la fiscalización de esos vehículos.
Y el MTC sostiene que la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos señala que es el Osinergmin el que autoriza, fiscaliza y supervisa las actividades de transporte de hidrocarburos.
En el Ministerio de Trabajo también señalaron que el Osinergmin —y no ellos— es la instancia que se encarga de supervisar que los trabajadores sean capacitados por sus empleadores para repartir balones de gas.
Así, al no haber una regulación clara sobre la distribución del GLP, las empresas informales aprovechan ese vacío legal para trasladar gas de esta manera. "Lo que el público debe saber es que las empresas formales solo venden una marca de gas. Eso garantiza que el balón está calibrado y que cuenta con una póliza ante daños y afectaciones en las viviendas. Por eso no opten por los locales que le ofrecen balones de diversos colores y a bajo precio porque podrían correr serios riesgos", dijo Isaac Segovia, de la SPGL.
Bomba de tiempo
Son 8 millones de hogares que consumen este GLP en cilindros en el país. Ya han habido tragedias, como la que ocurrió el 21 de enero pasador, en la casa de La Victoria de José Rivera Flores, quien perdió a sus dos hijos de 9 y 14 años luego de que una mala instalación del balón de gas en su cocina ocasionara una fuerte deflagración.
La comisionada de transporte de la Defensoría del Pueblo, Gloria Montoya, afirma que el tema del transporte de cilindros de gas en motos y bicicletas es apenas la punta del iceberg de un problema mayor, que es que los balones de gas no tienen ninguna certificación. "Hemos comprobado que muchos tienen muchos años de antigüedad, que son adulterados y que tienen ningún dispositivo de seguridad. Es una bomba de tiempo y nos preocupa porque el 70% de las casas usan estos envases de GLP", alertó.
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