Ausencia del Estado. La tragedia en Villa El Salvador del jueves último, cuando una fuga en un camión que transportaba gas ocasionó una deflagración que provocó la muerte de 13 personas y dejó otras 50 heridas, ha puesto en evidencia la falta de control y fiscalización de las autoridades para garantizar la seguridad en este tipo de servicios, coincidieron expertos en el tema.
El vehículo siniestrado de la empresa Transgas LG E.I.R.L. logró la autorización del Osinergmin para trasladar gas licuado de petróleo (GLP) el 25 de setiembre del año pasado, según el mismo ente supervisor estatal, al cumplir —supuestamente— con los requisitos establecidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
¿Cuáles son esos requisitos? Básicamente presentar el certificado de inspección de un organismo acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal) y luego acreditar una póliza de seguros, que en el caso del camión que provocó la tragedia ascendía a S/860 mil.
Pero el problema es que Osinergmin otorga los permisos sin verificar o certificar las supervisiones que hacen terceros de esas unidades. De hecho, ese vehículo siniestrado, de placa A2X-847, tuvo una fuga de GLP en octubre del 2018, cuando todavía no estaba registrado por la empresa Transgas LG ni por ninguna otra que figure en el Registro de Hidrocarburos del organismo supervisor.
En un escueto comunicado, el Osinergmin alegó que esa fuga fue "advertida por nuestra institución a las entidades competentes", pero el detalle está en que el Osinergmin tramita los permisos en base a la certificación de otras instituciones sin confirmar la validez de la información, advierte el ingeniero Fernando Jiménez Ugarte, experto en combustión y siniestros vehiculares de la PUCP.
Así, remarcó, hay vacíos que no permiten una efectiva supervisión de los vehículos que transportan material peligroso como el GLP. "Quisiéramos saber cuál es esa institución avalada por el Inacal que emitió los certificados técnicos a favor de este vehículo porque aparentemente la cisterna no cumplía con los requisitos técnicos para transportar GLP", apuntó en El Comercio.
Jiménez sostuvo que si el camión cisterna registró un incidente similar (fuga de gas) en 2018, es difícil que cumpliera con los estándares de calidad en setiembre de 2019. Agregó que vehículo tenía 11 años de antigüedad, mucho más que el que permite la Ley de Transporte Terrestre de Material y Residuos Peligrosos, que es de tres años.
El especialista también alertó que no hay una efectiva regulación de las miles de motocicletas que reparten balones de gas domiciliario y que son parte de toda una cadena de distribución de gas informal. "Son bombas de tiempo", alertó.
Por su lado, Fernando Cabada, presidente de la Sociedad Peruana de GLP, sostuvo también que tuvo que existir una falla en la supervisión del Osinergmin porque un vehículo de esas características y en buen estado que sufre un accidente tiene hasta tres mecanismos para evitar una fuga de gas de esa magnitud.
"Es cierto que si la pista hubiera estado en buen estado no se habría producido el accidente, pero también es cierto que esta unidad estaba en mal estado porque estos vehículos tienen que estar acondicionados para trasladarse por zonas de todo tiempo, incluso agrestes", remarcó.
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