Todo apunta a que el empresario Javier Bisso López de Romaña, cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, no solo fue un presunto falso aportante en las planillas de Fuerza Popular, sino que fue uno de los encargados de captar personas que prestaron su nombre para "colaborar" económicamente a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, quien participó en los hechos y solicitó mantener en reserva su identidad, Bisso López de Romaña reclutó a los aportantes fraudulentos a instancias del presidente del poderoso grupo económico que dirige José Sam Yuen, Sam Group o Grupo Sam, para quien trabajó como gerente general de varias de sus compañías. 

En su testimonio, al que tuvo acceso La República, el colaborador narró una reunión en casa de José Sam, donde este le señaló que su compañero de promoción del colegio Roosevelt, Jorge Yoshiyama Sasaki, le había pedido ayuda para presentar más aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. 

Esta declaración coincide con lo dicho por Jorge Yoshiyama, quien confesó al Equipo Especial Lava Jato que un grupo de empresarios sostenía reuniones periódicas con Keiko Fujimori, entre ellos José Sam, y que mensualmente le entregaba una bolsa de dinero la lideresa del partido fujimorista. 

Esa fue la razón por la que el fiscal José Domingo Pérez la última semana dispuso requerir la declaración de José Sam Yuen por intermedio del consulado peruano en Madrid, localidad donde se encontraría el empresario peruano. 

El colaborador protegido recordó que en febrero de 2018 había sido citado por la fiscalía porque aparecía como aportante de la campaña presidencial de la lideresa fujimorista en 2011, y que respondió que sí había donado el dinero, pero luego reflexionó y se presentó por su propia iniciativa para aclarar que el dinero no era suyo sino de José Sam Yuen. 

“En dicha ocasión Javier Bisso López de Romaña dijo haber realizado la donación a favor del partido Fuerza 2011, señalando ante los fiscales (del Equipo Especial) que no recordaba la forma de pago, todo lo cual era falso. Ya que en realidad que eso lo hizo (mentir) ante la insistencia y presión de José Sam Yuen y por temor a las consecuencias legales en los que pudiera verse involucrado”, manifestó el testigo.

Para justificar la razón por la que decidió cooperar con la justicia se refirió al temor a la venganza de José Sam Yuen y de miembros del partido Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.  “Ya que José Sam Yuen es una persona con mucha influencia y mucho poder económico, y según le indicó éste a Javier Bisso López de Romaña, todos (los falsos aportantes) iban a declarar en un mismo sentido. Javier Bisso López de Romaña tenía miedo a las represalias que pudiera tomar en su contra tanto José Sam Yuen, como las personas vinculadas al partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), precisamente por los hechos de relevancia penal que se investigan respecto a dicho partido”, argumentó. 

El sábado pasado, durante la primera audiencia donde se evaluará un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal Pérez reveló que José Luis Sardón está casado con la hermana de un falso aportante del partido que es liderado por Keiko Fujimori. Según indicó, el tribuno confirmó al integrante del Equipo Especial Lava Jato que está casado con Sandra Viso López de Romaña, hermana de Javier Viso López de Romaña, quien figura como falso aportante en las planillas de Fuerza Popular.  

Cabe recordar que Sardón es uno de los magistrados del TC que votaron a favor de declarar fundado el hábeas corpus que liberó a Keiko Fujimori. “Es decir, el magistrado del Tribunal Constitucional que votó a favor de que se invaliden los elementos de convicción, tenía una relativa relación de parentesco por afinidad en segundo grado con un falso aportante”, expresó Pérez ante el juez Victor Zúñiga, quien dirige la diligencia a la que no asistió la excandidata presidencial.

El Poder Judicial continuará reanudó jueves 2 de enero con la audiencia de evaluación del requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones que se le sigue por el caso Odebrecht. Esta diligencia inició a las 10:00 horas, luego que el juez Victor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenara su suspensión el último martes 31 de diciembre. 

(Foto de cabecera: La República)

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