La constructora peruana Graña y Montero (GyM) desistió de continuar con la demanda de arbitraje que interpuso contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el Gasoducto Peruano del Sur. Todo hace indicar que su decisión se tomó luego de haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para acogerse a un convenio de colaboración eficaz en el marco del caso 'Club de la Construcción', por el que es investigado junto a otras empresas. 

En un comunicado de “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el gerente general corporativo de Graña y Montero, Luis Francisco Diaz Olivero, dio cuenta de las conversaciones con la fiscalía y la Procuraduría para el caso Lava Jato. De acuerdo al oficio, la constructora peruana, el equipo especial y la procuraduría suscribieron el 27 de diciembre un “acuerdo preliminar por el cual se establecen términos y condiciones generales para un acuerdo de colaboración eficaz definitivo”.

También se precisa que dicho acuerdo girará en torno a los casos Lava Jato y ‘Club de la Construcción’, y el objetivo es que el documento final esté firmado en un plazo máximo de 60 días hábiles. “Se acordó levantar la confidencialidad de la identidad de la compañía como aspirante a colaboración eficaz, manteniéndose la reserva respecto a los demás aspectos del proceso”, añade Díaz Olivera.

“Cumplimos con informar en calidad de hecho de importancia que, el día de hoy [ayer], Graña y Montero S.A.A. (la “Compañía”), el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial (la “Fiscalía”) y la Procuraduría Pública Ah Hoc (la “Procuraduría”) han suscrito un acuerdo preliminar por el cual se establecen los términos y condiciones generales para un acuerdo de colaboración eficaz definitivo – en relación al caso 'Club de la Construcción’ y al caso ‘Lava Jato’", señala la misiva.

Graña y Montero intentó querellar al Estado peruano por el perjuicio que le habría ocasionado la resolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano en enero de 2017.  En una carta la empresa su decisión de solicitar un arbitraje por la obra cuya licitación, en consorcio con Odebrecht y la española Enegás, obtuvo durante el gobierno de Ollanta Humala. La constructora peruana cifró sus pérdidas económicas en 300 millones de dólares.

Vale indicar que el Estado optó por rescindir el contrato de la concesión debido a la incapacidad del consorcio de conseguir los fondos para financiar la obra, que se sumó también al contexto del escándalo de corrupción ocasionado por el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas. Enagás y GyM señalaron que la empresa ni sus directivos tenían conocimiento de los tratos ilícitos que habría realizado Odebrecht para adjudicarse esta obra y en eso sustentan su reclamo para que la controversia se resuelva por arbitraje.

Para dejar sin efecto dicho laudo arbitral anunciado hace unas semanas, Luis Díaz Olivero, dirigió una carta a Verónica Lavista, consejera Legal CIADI.  La firma peruana apeló al “Reglamento de Iniciación” del CIADI para desistir en su demanda por el Gasoducto Sur Peruano. 

“Le escribimos en representación de Graña y Montero S.A.A. para notificar que, por el presente acto y al amparo de la Regla 8 del Reglamento de Iniciación, Graña y Montero S.A.A. retira y desiste de la solicitud de arbitraje que, en ejercicio de los derechos de Gasoducto Sur Peruano, S.A., presentó frente a la República del Perú el 17 de octubre de 2019. Les agradecemos los servicios de la Secretaría General en el transcurso del caso y nos ponemos a su disposición si tienen cualquier pregunta o comentario”, señala la carta.

(Foto de cabecera: Andina)

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