Fue jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) durante parte del gobierno de Ollanta Humala (2011-2012), pero solo duró ocho meses en el cargo. Las diferencias que mantuvo con los ministros de dicha gestión hicieron insostenible su permanencia.
"Duré ocho meses porque dije que la política sobre drogas era un fracaso. No conocían el tema, nunca querían debatir", contó Ricardo Soberón en una entrevista a LaMula.pe.
Más de ocho años después de esa experiencia, el abogado Ricardo Soberón Garrido sigue proponiendo mejorar las políticas sobre drogas en el Perú.
Tras su salida de Devida, Soberón siguió trabajando en lo que es su especialidad. Es fundador del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH). Su última experiencia en política fue como asesor de la excongresista Tania Pariona (Nuevo Perú) y una de las propuestas legislativas en las que trabajó fue el proyecto de Ley 1393 sobre cannabis de uso medicinal, que incluía el derecho de pacientes a cultivar la planta, aspecto que no está en la normatividad vigente.
"[El proyecto] Incorporaba todo el espectro de los usos del cannabis en términos de sus cualidades como planta medicinal y se reconocía su uso milenario como relajante natural. También incluía el uso recreativo bajo el mismo paraguas que el alcohol: ser mayor de edad y no consumir cuando se conducen vehículo. Se proponía que todo eso esté bajo un sistema de registros y licencias. Lamentablemente, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Luz Salgado fueron los primeros cruzados de una mirada represora, de ponerle candados innecesarios amparados en el absoluto desconocimiento, prejuicio y miedo que ellos tenían sobre el mundo del cannabis a nivel mundial y del Perú".
Después de dos años de aprobada la Ley 30681, "Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados", hasta el momento no hay ningún solo caso de una empresa peruana que haya concluido el proceso de licenciamiento.
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"También hubo demora en la aprobación del reglamento de la ley, que recién se aprobó en febrero pasado. A tres años de iniciado el proceso, tenemos que todo el régimen es simbólico, puede terminar ahuyentando a los inversionistas, esto me lleva a mi a postular al Congreso por este año y medio".
El pasado 11 de diciembre, el Estado peruano puso a la venta el primer aceite de cannabis sativa en una farmacia institucional de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Se trata de un producto único con 5% de cannabidiol (CBD) y menos de 1% de tetrahidrocannabinol (THC).
Para Soberón, este es un paso importante, pero insuficiente.
"Me parece que es un pequeño gran paso en el camino correcto, es totalmente insuficiente, pero es válido y debemos saludarlo para seguir fortaleciendo el proceso", afirma.
Para mejorar el acceso a cannabis y hacer respetar los derechos de los usuarios, Soberón propone tres cambios a la legislación:
"Uno para corregir la ley de cannabis medicinal vigente que requiere una revisión y un nuevo texto que sea mucho más amigable con los pacientes que necesitan la planta. Otro para reformar el artículo 296A del Código Penal para que se exceptúe de condena a los ciudadanos que tengan hasta 100 plantas de cannabis sativa; es decir, para permitir el autocultivo. El tercero es para evitar la persecución al consumidor, los policías entienden que es el fiscal el que debe determinar la responsabilidad. Actualmente, los usuarios están expuestos a detenciones, golpizas, abusos y hasta sembrado de otras sustancias ilícitas", explica Soberón.
Resalta que los peruanos deberíamos aprovechar las tres escalas del cannabis: la macrocomercial, que corresponde a los grandes laboratorios o grandes empresas interesadas en generar un mercado del cannabis en el ámbito medicinal, el terapéutico y el cosmético.
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De igual manera, se debería incluir el ámbito artesanal y que se incluya al cannabis como medicina natural, en correspondencia con la Ley General de Salud que considera la medicina tradicional, propone.
"Ese es un aspecto interesante, ahí puede entrar la medicina indígena o alternativa sobre la base de plantas maestras. Podríamos plantear no solo al cannabis, sino a la hoja de coca, el ayahuasca, el San Pedro, entre otras plantas de uso tradicional", afirma.
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En noviembre pasado, se reportaron enfrentamientos entre campesinos y policías durante operativos de erradicación de hoja de coca en Junín. Para Soberón, esta es una política que carece de sentido.
"Hay 22 millones de usuarios de cocaína en el mundo. De estos, 5 millones son consumidores duros, que consumen fuertemente y tienen alta capacidad económica. Demanda va a haber y no hay nada en los mercados que impida que esa demanda se extienda. Los laboratorios saben que ni sus sintéticos son capaces de competir con la cocaína proveniente de la hoja de coca".
"El otro dato es que mientras una unidad de clorhidrato de cocaína en el Vraem cuesta 900 dólares en Nueva York llega a 32 mil dólares. Con esa asimetría de precios, es imposible sostener el combate al tráfico de cocaína. Lo que se debe hacer es ver cómo regular, cómo administrar para que esos millones de usuarios no sean delincuentes, no generen problemas, que puedan manejar sus temas de adicción. En el Perú, el problema de la cocaína o de la pasta básica no llega ni a la décima parte del problema de alcohol o tabaco que tienen los peruanos. Yo tomaría distancia con estos miedos colectivos, estos prejuicios que determinan políticas totalmente nefastas", sostiene.
Lo que pasa actualmente con los productores de hoja de coca es que para ser legales deben venderle sus productos naturales a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Este monopolio debe acabarse, sostiene Soberón.
"Si el Gobierno o el Estado fuera lo suficientemente inteligente podría generar una fórmula de expendio de la harina de hoja de coca a nivel urbano, rompería la fórmula de Enaco, que no alcanza ni al 3% del mercado nacional, que compra barato a campesinos pobres y vende más caro aún. El Estado es estúpido en ese sentido", afirma.
Entre estas propuestas de cambiar la política de drogas en el país, ¿qué hacer con Devida? Soberón propone ponerlo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
"Es donde creo debe estar un ente rector de drogas en Perú. Darle asiento en el Gabinete, con voz pero sin voto, que se le permita sentarse con los demás ministros y decirles los problemas relacionados a cada sector para mejorar. Haría de Devida una entidad que también maneje el problema de la interdicción", propone.
Actualmente, el tema de la interdicción lo ve el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior (Mininter). "El Corah no puede ser una isla dentro de la administración pública a cargo de los procesos de erradicación y nadie los controla".
Soberón critica que el 40% de detenidos al año por drogas sea por consumo, que supuestamente no está penalizado. "Están distrayendo sus recursos donde no deben. La política de drogas es un desastre, está secuestrada", afirma.
*Ricardo Soberón postulaba al Congreso por la lista de Juntos por el Perú por Lima, pero fue excluido del proceso electoral. Según el Jurado Electoral Especial, no declaró oportunamente ser propietario de una moto. Sin embargo, el excandidato mostró un documento en el que se mostraría que es de otra persona.
[Foto de portada: Andina]
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