Desde hace al menos tres meses, los trabajadores del Poder Judicial (PJ) se encuentran reclamando al Gobierno que se respete la Ley 29849 (2012), que estableció la eliminación progresiva del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Con este incumplimiento de la ley, hay trabajadores en la misma institución que realizan labores similares y ganan salarios distintos, señalan los sindicatos.
Los trabajadores judiciales consideran al régimen CAS como una modalidad de contratación por la cual no se le reconocen beneficios laborales, con lo que se viola el derecho a la igualdad frente a otros empleados que están bajo el régimen general del Decreto Legislativo 728.
Si bien los trabajadores no se encuentran actualmente en huelga (han tenido paros de 48 horas), los magistrados se han unido a los reclamos contra el Poder Ejecutivo, especialmente contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quien al final dependen todas las mejoras salariales.
Los jueces de las Cortes Superiores de todo el país reclaman que se cumpla con la Ley N° 30125 (2013), que estableció que los salarios de los magistrados del Poder Judicial deben ser calculados según el sueldo de los jueces supremos. Los superiores deberían ganar el 80%, los especializados, 62%; y los de paz letrados, 40%, según la escala remunerativa.
El juez decano René Martínez dijo al diario La República que en los presupuestos del 2018 y 2019, solo se incrementó las remuneraciones a los jueces supremos, omitiendo el reajuste automático para los jueces de los demás niveles.
Lamentablemente, en ambos casos, tanto trabajadores como magistrados, no han logrado llegar a acuerdos luego de reuniones con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi. En el caso de los jueces, según señaló el decano, el MEF quiso limitar la conversación a un debate acerca de la ley, en lugar de discutir sobre cuándo se respetarían los derechos ya reconocidos.
Los trabajadores del Poder Judicial acordaron suspender la huelga este 2019 con la condición de que se emita un Decreto Supremo aprobando una nueva escala remunerativa, hecho que hasta el momento no se concreta.
Por su parte, los magistrados están impedidos de hacer huelga, por lo que están haciendo es convocar a Salas Plenas, con el único tema en agenda de pedir el respeto a la escala remunerativa establecida por ley.
[Foto de portada: Andina]
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