Las malas mañas y prácticas que desprestigiaron al Congreso controlado por el fujimorismo continúan, pese a que este poder del Estado fue disuelto de manera constitucional por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre y ahora está en funciones solo la Comisión Permanente, desde donde el fujimorismo sigue ejerciendo sus influencias, en momentos en que el foco de la atención pública está centrada en el proceso electoral complementario del 26 de enero, para elegir a una nueva representación nacional.

Un informe periodístico de Latina reveló la contratación de 91 trabajadores en solo 23 días. La mayoría de estas incorporaciones, que se iniciaron el 13 de noviembre, están ligadas al partido naranja y hasta hay asesores de exlegisladores de Fuerza Popular que volvieron por la puerta trasera del Parlamento.

Primero fueron dos plazas nuevas a plazo fijo en el departamento de logística y el área de abastecimiento, respectivamente, y de ahí en adelante continuaron las contrataciones, según evidencian oficios del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República.

Entre los nombres que destacan en esos documentos están los del exasesor de Cecilia Chacón, Juan Carlos Torres Figari; la exasesora de Úrsula Letona, Gabriela Herencia; y el exasesor de Miguel Ángel Torres, César Negrón.  También figuran  Jeny Vílchez, quien trabajó en el despacho de la misma Keiko Fujimori, así como Yrma Paucará Paxi, hermana de la secretaria personal de la jefa de Fuerza Popular.

"Esta es una práctica típica del fujimorismo", dijo en La República el exlegislador Justiniano Apaza, hoy miembro titular de la Comisión Permanente, en alusión a que Fuerza Popular había convertido el Congreso disduelto en una agencia de empleos para sus allegados. "Todas las mayorías buscan hacer de las suyas, se sienten dueños del Congreso y usan su posición para devolver favores", anotó.

Apaza anunció que en la próxima sesión de la Permanente, el próximo miércoles 18 de diciembre, pedirá explicaciones a los involucrados. "Lamentablemente, no tenemos facultades fiscalizadoras, pero los implicados deben explicar lo que ha sucedido", enfatizó.

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