El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó este sábado en la madrugada seis meses de impedimento de salida del país para el exministro Luis Miguel Castilla, investigado por el Caso Gasoducto Sur Peruano junto con otros tres exministros del gobierno de Ollanta Humala.
La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, solicitó la medida por 18 meses, pero el magistrado indicó que "seis meses eran más que suficientes para las diligencias que puntualmente ha dispuesto el Ministerio Público como sustento del requerimiento".
Castilla, investigado por el proceso de concesión del Gasoducto Sur Peruano, proyecto en el que fuera favorecida la empresa brasileña Odebrecht, tenía un viaje programado a Estados Unidos para este 8 de diciembre.
El exministro reside en ese país, porque trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, el juez Sánchez sostuvo que "es indispensable que el investigado se encuentre en territorio nacional" para las diligencias puntuales que la fiscalía debe hacer por la indagación.
En la diligencia, la fiscal Mori precisó que el exministro de Economía le comentó a Carlos Paredes en mayo del 2014 que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia querían que Odebrecht gane la buena pro de esa obra.
La defensa del exministro sostuvo a su turno que Castilla —que estuvo presente en la audiencia— siempre colaboró con las investigaciones y que cada vez que estuvo en el exterior declaraba a la fiscaalía vía comunicación digital.
"Mi derecho al trabajo, al buen nombre, a mis dos hijas que dependen de mí porque soy viudo, ¿no tiene eso ningún peso para la fiscalía? Doy la cara por todos mis actos por mi gestión como titular del MEF. Es una gestión de la que estoy muy orgulloso por haber trabajado para mi país [...] Yo jamás he favorecido ni he direccionado ningún proyecto hacia ninguna empresa en ningún momento", dijo por su lado Castilla.
La fiscal Mori investiga los presuntos actos de corrupción en las concesiones del gasoducto otorgadas a Odebrecht durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.
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