Ante la ratificación de la licencia otorgada a Southern Copper para que construya la mina Tía María en Islay (Arequipa) las organizaciones Red Muqui y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiestan su preocupación.

Las organizaciones afirman que la resolución se emitió "pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje".

"La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros", resaltaron.

Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que la empresa minera Southern Copper tiene 12 infracciones ambientales por sus actividades extractivas en Moquegua y Tacna, además de los crímenes ambientales cometidos por el Grupo México, del que forma parte Southern.

"Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay", señalaron.

En este sentido, hacen un llamado al gobierno para que no imponga el proyecto.

"En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio".

 También señalan la necesidad de discutir una nueva legislación minera y ambiental, lo que "es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú".

"Consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo".

 Una reciente encuesta de Pulso Perú, publicada este lunes en el diario Gestión, señaló que 6 de cada 10 encuestados está en desacuerdo con la ratificación de la licencia al proyecto minero Tía María. Los resultados mostraron que el 60% de peruanos está en desacuerdo con la decisión del Consejo de Minería.


[Foto de portada: El Pueblo]


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