El presidente chileno Sebastián Piñera ha dicho que su país está en guerra contra un "poderoso enemigo". Su esposa, la primera dama Cecilia Morel, le dijo a sus amigas que la situación parecía "una invasión extranjera, alienígena". Más allá de este discurso de la élite política y económica de Chile, la situación en ese país es crítica: desde el viernes 18 de octubre, Santiago y otras ciudades se encuentran en toque de queda y militarizadas.
La protesta ciudadana, que empezó contra el alza de los pasajes y se ha convertido en una movilización contra el modelo económico, está siendo reprimida por agentes del Estado. Más allá de los actos vandálicos, que según medios chilenos son aislados, los carabineros y militares están haciendo uso excesivo de la fuerza, como denuncian organizaciones sociales.
Hasta el momento, según el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hay 15 personas muertas y cinco de ellas habrían sido víctimas de agentes del Estado.
Se han reportado 269 heridos, de los que 137 son por armas de fuego. Además, se han denunciado 3 casos de violencia sexual.
Las detenciones, en su mayoría arbitraria, también son graves: un total de 1,894 personas detenidas, de las que 149 son niños, niñas y adolescentes de regiones y otras 66 son de Santiago.
Uno de los casos más indignantes que se ha reportado en las últimas horas, es un hecho ocurrido en Curicó, una zona que no está bajo estado de emergencia, pero donde un grupo de militares reprimió una protesta pacífica de jóvenes a través del llamado 'cacerolazo'. Uno de ellos era José Miguel Uribe Antipani, un soldador de 25 años, con una familia recién formada, un hijo de 1 año y que recibió un disparo mortal de un militar.
El padre del joven se mostró conmovido e indignado con la situación. Señaló que esto se debe a que en las más altas esferas (el presidente Piñera) han dicho que el país está en guerra, que los que mandan deberían pagar por esta trágica muerte.
Luego de ocurrido el hecho, el militar Juan Carlos Reyes se entregó a las autoridades. Esta mañana, se realizó la audiencia en la que se formalizó la denuncia por homicidio y el juez ordenó prisión preventiva.
La represión militar también se ha dado en zonas residenciales, como Las Condes, donde un grupo de militares se puso a disparar dentro del condominio, dejando heridas a tres personas.
Sobre casos de torturas, este miércoles, el INDH señaló también que recibieron una denuncia de presunta tortura realizada al interior de una estación de metro. La víctima de iniciales NLS habría sido detenido el martes y luego brutalmente agredido, golpeado con toallas mojadas y lesionado.
Según el relato de la hermana del afectado, la Cruz Roja pudo socorrer al joven y luego llevado a un hospital. “La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público”, ha aclarado el INDH en declaraciones a Radio Cooperativa.
Ante esta serie de graves hechos que demostrarían violaciones a los derechos humanos, el INDH explicó que en toque de queda o estado de emergencia lo que está restringido es el derecho al libre tránsito y a la reunión, pero de ninguna manera se puede detener de manera arbitraria, ni hacer uso de la fuerza desmedida hiriendo o matando a ciudadanos. Señaló que los protocolos se deben respetar y se deben tomar criterios como de proporcionalidad y necesidad.
La gravedad de la situación en Chile es tal que las garantías no están dadas. Los magistrados que quieren investigar los hechos han encontrado serios impedimentos para hacer su trabajo, como el cierre de un hospital, donde un juez quería verificar el estado de los heridos.
La noche de este martes, Sebastián Piñera anunció una serie de medidas como parte de una "agenda social". Se entiende que esto tiene el objetivo de calmar el malestar ciudadano, pero las protestas continúan en diversas partes de Chile.
[Foto de portada: EFE /Fotos: AFP y EFE]
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