El descontento social no cede en Chile, que entra ya a su cuarto día de toque de queda en medio de multitudinarias protestas que han cobrado al menos 15 vidas, en rechazo a su modelo económico que alienta las brechas e inequidades en un país que se jactaba de su crecimiento hasta hace poco y hoy está sumido en un grave crisis.
El mismo presidente Sebastián Piñera, un evidente cambio de tono respecto a sus intervenciones de los días previos, pidió perdón y anuncia las primeras medidas para enfrentar la crisis, como las mejoras en las pensiones, en el salario mínimo, en el precio de los medicamentos y tarifas eléctricas.
"Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión".
En un paquete de medidas tendrá un costo de unos 1.200 millones de dólares, e incluye un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores de jornada completa de 350.000 pesos mensuales (480 dólares).
El Ejecutivo además se compromete a aportar la diferencia cuando el salario sea inferior a esa cifra. En paralelo, informó de un aumento a un 40% de los impuestos para las rentas sobre 8 millones de pesos mensuales (11.000 dólares), lo que implica una recaudación tributaria de 160 millones de dólares adicionales, explicó Piñera la noche de martes.
El presidente adelantó también la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza de 9,2%. Los precios quedarán al nivel del primer semestre de 2019. En materia de salud, indicó que se ampliará el convenio entre el sistema público y las farmacias para reducir el precio de los medicamentos, que en Chile son muy caros, medida que beneficiará a unas 12 millones de personas.
En La Moneda habían adelantado que se alista una "agenda social" concreta que pueda ayudar a parar el conflicto, luego de que el presidente Sebastián Piñera se reunió con los líderes de los partidos políticos, para intercambiar opiniones sobre las medidas que se deben tomar para solucionar "los problemas del país", según reportó La Tercera.
Respecto a la cita palaciega, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, precisó que "valoramos enormemente esa decisión de poder participar en la búsqueda de soluciones y esa disposición de ver al país con sentido de altura y no partidista".
El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, precisó que es "irreal esperar una respuesta definitiva, pero sí un puntapié inicial".
"Creo que es lo valioso de la reunión que hemos tenido. Una agenda de unidad, de cambios sociales para un país donde todos tengan mayor igualdad de oportunidades y seguridades que es lo que todos aspiramos (...) Yo creo que la gente lo que fundamentalmente pide es hacernos cargos de temas fundamentales para ellos como el costo de vida, salud, servicios básicos, el tema de los ingresos, las pensiones. Eso es lo primero"
Chadwick dijo que la "propuesta de agenda social queremos que se pueda traducir en un avance a la normalización del país y de la vida de cada familia a lo largo de todo Chile".
El mismo mandatario, que tuvo declaraciones desafortunadas en torno al conflicto social ("Estamos en guerra", había dicho), reculó, pidió excusas y adelantó que la cita con los partidos busca "avanzar hacia un acuerdo social" orientado a que "la clase media y los más vulnerables puedan tener una vida mejor".
"En las circunstancias que estamos viviendo no hay caminos hacia la unidad, la unidad es el camino para encontrar soluciones a los problemas y desafíos que enfrentamos".
Sea como fuere, Chile está ante uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990. El estallido social del pasado jueves, desencadenado por el aumento del precio del metro, ha vuelto a poner en evidencia la olla a presión en que se había convertido una sociedad avasallada por la clase dirigente.
La brecha social en el país vecino es desmedida, según confirmó la última edición del informe Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que señala el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta de la nación.
Esto se refleja en que a la mayoría de chilenos no les alcanza el dinero por el alto costo de vida. "Es un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes", dice Cristóbal Bellolio, de la Universidad Adolfo Ibáñez, a la BBC Mundo.
"La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas".
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