Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ya evalúa la admisibilidad de la demanda competencial y medida cautelar que presentó Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra el Poder Ejecutivo en busca de dejar sin efecto la disolución del Congreso. También tienen en agenda para esta sesión analizar la solicitud de incorporación del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, como nuevo integrante de la institución. 

Los siete magistrados del TC recibieron un proyecto que admite a trámite ese recurso en sus correos electrónicos el miércoles último, en medio del debate constitucional y legal respecto a la medida que adoptó el 30 de setiembre pasado el presidente Martín Vizcarra. El documento en mención, según La República, señala que es un duro golpe contra la disolución constitucional del Parlamento, porque no solo da luz verde al recurso, sino que además reconoce a Pedro Olaechea como presidente del Congreso.

Frente a ello, el magistrado Carlos Ramos indicó que este documento “no se puede dar por sentado”, debido a que primero debe debatirse. “Desde mi perspectiva, no se puede dar por sentado el proyecto de auto de admisibilidad, mientras no sea debatido. Incluso, soy de la idea de que primero debe haber ponente, porque ese es el procedimiento normal”, expresó Ramos Núñez. 

Agregó que Ernesto Blume, presidente del TC y quien autorizó el envío del documento, no se convierte en ponente del caso. “Lo que entiendo es que él ha buscado, considerando la urgencia e importancia del tema”, insistir, con el coordinador de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Competenciales, quien "técnicamente había preparado el texto”, que el documento va en el sentido de la admisión.

Asimismo, explicó que en el proceso de la demanda competencial, el presidente del TC puede elegir al ponente o uno de los magistrados puede proponerse como voluntario, aunque también es viable mediante sorteo. Respecto a esta persona, señaló que debe evaluar el proyecto de admisibilidad, dado que “forma parte de la independencia, de la autonomía y la judicatura evaluar esta clase de proyecto que no pueden ser impuestos, venir de arriba, llegar de modo vertical, sino que forman parte de las decisiones que los jueces deben tomar en su momento”.

Ante la eventual admisión de la demanda competencial, el magistrado precisó que “eso no significa que da la razón al Congreso, sino simplemente se reconoce una titularidad en cuanto a la acción”. Afirmó, en ese sentido, que puede haber una posición literal –por lo que se puede rechazar la admisión de la demanda–; otra de proacción –que considera conveniente “para evitar escenarios que den pie a una laguna de control de la constitucionalidad admitida”–; y que “el Tribunal Constitucional interprete que no llegue al punto de declarar nulos los actos que llevó a cabo el Poder Ejecutivo y busque una solución intermedia”.

De otro lado, su colega, el también magistrado del TC Eloy Espinosa Saldaña, explicó que de ser admitida la acción de competencias, "se correrá traslado al Gobierno para que se pronuncie. La ley ofrece 30 días hábiles y ya depende de la parte interesada decidir en cuánto tiempo lo hará". "Lo que sí hay es un compromiso, de todos los magistrados, de hacer las cosas bien y con la mayor velocidad que se pueda", añadió. 

"Haremos una evaluación sobre tres criterios: si hay tema para discutir, es decir si ha habido una invasión de competencias; quién es el que demanda y si tiene potestad de hacerlo; y quién es el demandado. Si se considera que la demanda pasa un estándar razonable, se admitirá. Si no, se rechazará. Insisto, solo le explico escenarios. No estoy adelantando opinión", sostuvo Espinosa Saldaña.

(Foto de cabecera: La República)

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