El artículo 93 de la Constitución Política precisa que los legisladores "no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones".
En virtud a ello, los integrantes del disuelto Congreso de la República perderán su inmunidad parlamentaria en 30 días, sostuvo este martes el exprocurador Julio Arbizu, al señalar que el plazo empezó a correr desde que se publicó la resolución que oficializa la medida dispuesta por el jefe de Estado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.
En el decreto supremo, el Ejecutivo convocó elecciones para un nuevo Congreso para el domingo 26 de enero del 2020, al confirmar la disolución del mismo debido a que negó la confianza a dos Consejos de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, con lo que ahora se mantiene en funciones solo la Comisión Permanente, cuyos miembros son los únicos que mantienen la inmunidad.
Arbizu subrayó que esta coraza legal del cargo una de las principales razones, "y probablemente la más poderosa", por la que varios integrantes del Congreso que fue disuelto "defendían los fueros de un Parlamento ilegítimo e ilegal".
El contexto además refuerza esa tesos, anotó el exprocurador, al comentar que a partir de este miércoles el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata volverá a declarar ante el equipo especial Lava Jato sobre los 'codinomes' vinculados a los congresistas. Se espera que Barata confirme la identidad de sobrenombres como Sipán, Pastor Alemán o Apra, revelados semanas atrás por la prensa.
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