El Pleno del Congreso eligió en medio de una accidentada sesión, marcada por incidentes y protestas, al primer magistrado del Tribunal Constitucional (TC), con lo que se abre la puerta para su disolución constitucional, tal como lo alertó el domingo el presidente Martín Vizcarra, al señalar que está dispuesto a cerrar el Parlamento si es que la mayoría parlamentaria se niega a debatir la cuestión de confianza que presentó este mismo lunes el jefe del gabinete, Salvador del Solar, para mejorar el proceso de selección de magistrados.
Sin embargo, tras desestimar una cuestión previa para postergar la votación en el hemiciclo, la representación nacional alcanzó los 87 votos necesarios para elegir a Gonzalo Ortiz de Zevallos como el primer magistrado del TC de la terna de 11 que la comisión congresal presentó en un proceso exprés y sin la transparencia que el caso ameritaba.
Luego, en medio de gritos y un caos que hacían imposible distinguir o escuchar por quién estaban votando, la mayoría fujimorista y sus aliados no pudieron alcanzar los votos para elegir a un segundo magistrado, Manuel Sánchez Palacios, que solo obtuvo 73 adhesiones.
Para rematar el desmadre institucional, la congresista María Elena Foronda afirmó que suplantaron su voto. "Yo he estado en el centro del hemiciclo pidiendo el cierre del Congreso [...] Voy a denunciar el hecho ante la fiscalía", dijo.
Más temprano, la Junta de Portavoces acordó seguir con elección del TC y aplazar el debate de la cuestión de confianza, lo que daba luces de lo sucedería más tarde en el hemiciclo.
Poco antes de poner a votación la elección de magistrados del TC, el presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, se refirió a la cuestión de confianza que planteó el premier Del Solar en el Pleno y afirmó que la decisión en torno a este mecanismo constitucional no debe estar sujeta a "interpretaciones subjetivas".
Aludía así a lo dicho anoche en Cuarto Poder por Vizcarra, quien afirmó que si se llevaba a cabo la elección de magistrados del TC antes de que se vote la cuestión de confianza, interpretaría que esta fue denegada y procedería a la disolución del Congreso.
"De interpretarse negada la cuestión de confianza, y si se llegase a disolver el Congreso bajo esta lógica absolutamente falaz, el presidente Martín Vizcarra estaría incurriendo en una flagrante infracción constitucional".
