¿No hay agenda propia? La parte laboral del Plan de Competitividad y Productividad, aprobado el pasado 28 de julio, no dejó del todo satisfecha a la clase empresarial, reconoció la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. En una entrevista al portal de negocios Semana Económica, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dijo que el sector privado pedía más.

La ministra dijo que "el plan es un producto del diálogo nacional", pero primero solo mencionó que "participaron representantes del sector empresarial".

"Y desde su discusión hasta la presentación de la propuesta, encontramos acogida a varios de los planteamientos. Es cierto también que no los dejó del todo contentos. Esperaban medidas, desde su perspectiva, más contundentes en términos de cambios a la normativa laboral", afirmó.

La ministra dice que "el plan tenía que ser fruto del diálogo que se sustentara en evidencia técnica". "El contraste de ella con la opinión de empresarios, trabajadores y representantes de la sociedad civil, dio como resultado las medidas laborales del plan", agregó.

¿Qué otra cosa pide el sector privado? La ministra responde que los empresarios querían "revisar el marco regulatorio para la reposición de los trabajadores ante los despidos arbitrarios", una propuesta que recuerda al proyecto de la fujimorista Úrsula Letona que pretende eliminar el derecho a reposición laboral.

Cáceres dijo que al respecto explicó que esta no era una medida que pudiera contribuir de manera determinante a reducir la informalidad laboral. "Por esa razón no se incluyó", señaló.

Sobre la participación de los representantes de los trabajadores, la ministra afirmó que "sí está teniendo lugar".

"Yo quiero resaltar que este gobierno ha tendido y seguirá tendiendo muchos puentes para que la participación de los trabajadores se dé. Todas las iniciativas se han construido informándolas e invocando la participación de los trabajadores. Estas medidas tienen previstas su prepublicación, de modo que, quien no quiera asistir al CNT no podrá argumentar que no tuvo oportunidad de participar. Estos puentes de los que estoy hablando y estos diálogos que sí estamos teniendo con las centrales sindicales y con sindicatos en general procuran generar un acercamiento. No hay razón para quedar excluido".

Lo que no menciona la ministra es que las principales centrales sindicales se retiraron, a fines del 2018, del espacio de diálogo tripartito para tratar temas laborales: el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). ¿La razón? En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad sin consultar con los representantes de los trabajadores.

Desde ese momento, el CNT está desactivado. Solo se han realizado reuniones extraordinarias. En la penúltima, llevada a cabo el 8 de agosto, de parte de la clase empresarial, estuvieron representantes de Adex, la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). De parte de los trabajadores, solo participaron la CTP y la CATP. En la última reunión, sí estuvieron la CGTP y la CUT y le pidieron a la ministra una reunión con el presidente Martín Vizcarra para solicitarle a este que suspenda la parte laboral del Plan de Competitividad.

Las medidas que preocupan a las centrales sindicales son sobre el prorrateo mensual de los beneficios laborales, la terminación colectiva de contratos de trabajo, y la modificación de la ley de modalidades formativas (empleo juvenil).

Como han advertido especialistas en materia laboral, el prorrateo de los beneficios laborales desnaturaliza y prácticamente elimina las gratificaciones y el pago por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Además, cuestionan que se plantee que esto se de a través de un acuerdo entre empleador y trabajador, sin considerar la desigualdad de poder en esta negociación, sin asesor legal para el empleado ni sindicato que lo respalde.

Otro dato a tomar en cuenta es que la ministra Sylvia Cáceres formó parte del equipo que elaboró el Informe de Competitividad 2019 del Consejo Privado de Competitividad (CPC). En este conjunto de propuestas, se plantean medidas polémicas como una nueva fórmula para calcular los sueldos mínimos en el Perú y diferenciarlos discriminando por regiones, entre otros proyectos polémicos.


[Foto de portada: Andina]


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