Luego del escándalo de los audios de la vergüenza, que se conocieron en julio de 2018 y que evidenciaron una trama corrupta de tráfico de influencias en el aparato judicial, la reforma del sector impulsada por el Ejecutivo, más de un año después, no solo ha perdido impulso, sino que parece haberse entrampado en medio de la crisis política que atraviesa el país.
Un informe de El Comercio da cuenta que hay aún 13 jueces y fiscales implicados en el sonado caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que continúan en sus cargos como si nada hubiera pasado. Cinco de ellos tienen el rango de supremos. El más notorio ─y quizá el más controversial─ es el Pedro Chávarry, el otrora fiscal de la Nación a quien el fujimorismo y el Apra han evitado que pueda ser destituido del Ministerio Público.
Esta situación también se da en parte a la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el fallido intento por instalar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia sobre la que recaerá ahora la tarea de nombrar, evaluar y destituir magistrados. El penalista Vladimir Padilla explicó en el citado informe los jueces y fiscales supremos investigados por hechos delictivos no pueden ser suspendidos mientras dure la indagación ni ser destituidos porque la JNJ no pudo iniciar sus funciones.
En cuanto a Chávarry, recién la semana pasada el Poder Judicial le abrió proceso penal sumario por encubrimiento real y afrontará el juicio penal en comparecencia simple, es decir, seguirá ejerciendo funciones como titular de la Fiscalía Suprema Civil y con voz y voto en la Junta de Fiscales Supremos, donde hace mayoría con otros de sus dos colegas, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, también implicados con 'Los cuellos blancos'. Entre los tres, buscan tumbarse a los fiscales del equipo especial Lava Jato.
Además de los mencionados, otro fiscal supremo, Luis Arce Córdova, también es investigado por su implicación con la mafia de tráfico de influencias que estalló hace más de un año. Sigue en su carga y se mantiene como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A Arce se le acusa de gestionar favores al exjuez César Hinostroza, sindicado cabecilla de 'Los cuellos blancos' en el ente electoral.
Otro fiscal supremo, el adjunto Sandro Paredes Quiroz, está acusado de proteger a los integrantes de una organización criminal a pedido del gobernador del Callao, Dante Mandriotti. En este caso, Paredes por lo menos fue suspendido de su cargo por 24 meses, por orden del juez Hugo Núñez Julca.
En el caso de los jueces, el único que fue destituido por el Congreso, junto con los exintegrantes del CNM, es César Hinostroza. El fujimorismo lo blindó hasta donde pudo, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras. A Hinostroza Pariachi, quien espera en España su extradición, lo inhabilitaron también para la función pública por diez años.
Pero hay dos jueces supremos bajo investigación por sus nexos con 'Los cuellos blancos' que permanecen en sus puestos. Son miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema: Ángel Romero Díaz, titular de la Sala Civil Transitoria, y Martín Hurtado Reyes, integrante de la Sala Civil Permanente.
En un audio que Panorama difundió en julio del 2018, se escuchó a Hinostroza y a Romero hablar sobre una sentencia que absolvía al violador de una niña de 13 años emitida por el primero. Romero además participó en varios reuniones con el expresidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos, otro de los señalados cabecillas de 'Los cuellos blancos'.
El juez Hurtado Reyes también tiene su audio con Hinostroza. En la grabación que difundió Canal N se le escucha hablar con su interlocutor sobre un intercambio de favores en nombramientos.
Hay otro grupo de jueces superiores suspendidos por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), entre los que destacan Walter Ríos (en prisión preventiva por 36 meses), Marco Cerna Bazán, Raúl Salcedo Rodríguez, Walter Linares Saldaña, Miguel Miranda Mendoza, Daniel Peirano Sánchez y Johana Muñante Sánchez.
El informe del decano también incluye los casos del fiscal Edgar Espinoza Casas y el juez Sergio Butrón Santos. El primero fue separado en setiembre del 2018 por sus vínculos con Walter Ríos, pero regresó a la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao en abril de este año. Butrón Santos fue ratificado mediante una resolución del 2 de julio de la corte del Callao en la Primera Sala Penal de Apelaciones de esa jurisdicción.
Hay otros dos magistrados implicados en el escándalo que siguen en el sistema de justicia: Rocío Vásquez Barrantes, coordinadora del programa de acceso a la justicia para personas vulnerables, y Carlos Nieves Cervantes en la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Callao, ratificado en el tribunal el 2 de julio de este año.
El Comercio también reporta los casos del juez del Primer Juzgado Civil de la corte del Callao Luis Villegas León, a quien en junio de este año lo nombraron integrante del equipo técnico para la modernización de los despachos judiciales de esa corte, y el del juez Oswaldo Espinoza López, cuyas oficinas fueron allanadas en marzo de este año por sus presuntos vínculos con el empresario Mario Mendoza, sindicado operador de 'Los cuellos blancos'. Un mes después, la corte de Lima reconformó su sala y lo dejaron como presidente de la Décima Sala Laboral Permanente de la corte de Lima.
Por último, el juez José Miguel Hidalgo Chávez, cuyas oficinas también fueron allanadas por el caso 'Los cuellos blancos', permanece en el Décimo Quinto Juzgado Civil Comercial de Lima.
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