Cuando salía de un hotel en el distrito de La Victoria, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, fue capturado la tarde de este domingo en Lima.

Su abogado ha declarado a la prensa que Aduviri ya planeaba entregarse a las autoridades. Los efectivos policiales lo capturaron luego de once días de que se dictó la sentencia en su contra. El pasado 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Puno lo sentenció a seis años de prisión por el delito de "coautor no ejecutivo" de disturbios en el contexto del Aymarazo, la protesta en el sur del país contra una serie de decretos que Alan García aprobó en el 2011.

En esa época, Aduviri encabezó las protestas y fue acusado como responsable de los desmanes que se produjeron en dicha jornada. Las protestas fueron porque la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation (proyecto Santa Ana) recibió la autorización de realizar actividades extractivas dentro de territorios de comunidades campesinas. Como señala el Instituto de Defensa Legal (IDL), con ello, "se violaba la norma que prohíbe actividades extractivas a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia". En mayo del 2011, esta protesta llegó a niveles de violencia al punto de que se incendiaron los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas.

En el juicio que se inició contra los dirigentes de Puno, no se pudo culpar a los manifestantes procesados. Solo se ha condenado a Aduviri por los disturbios. En este video de IDL, los procesados cuentan cómo les afectó el juicio.

Como explica la abogada Mirtha Vásquez, la figura de "coautor no ejecutivo" implica que se reconoce que Aduviri no participó directamente del delito, pero que sí tuvo participación en la planificación de este hecho criminal.

Para Vásquez, esto es peligroso porque "se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal".

"Se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos", señaló en una columna de opinión publicada en Noticias SER.

Luego de la captura de Walter Aduviri, se dispuso su reclusión en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).


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