Fuerte y claro. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre el proceso disciplinario que la Oficina Desconcentrada de Control interno (ODCI) del Ministerio Público abrió en su contra debido a algunas declaraciones que brindó en diferentes medios de comunicación.

 En diálogo con El Comercio, Pérez consideró que esta reciente investigación tiene como objetivo callarlo frente a algunos casos de intromisión que denuncia. 

Para el fiscal, este proceso disciplinario no es más que “una muestra más de los actos de hostigamiento a los que estamos siendo continuamente sometidos por la mayoría de fiscales supremos que controla la Junta de Fiscales del Ministerio Público, vinculados a la presunta organización criminal de Los Cuellos Blancos”.

“A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, expresó.

El motivo del proceso disciplinario es por las declaraciones que el fiscal Pérez dio a El Comercio el pasado domingo, sobre la controversia generada por el dinero de venta de la hidroeléctrica Chaglla que permanece retenido y Odebrecht reclama.  “Estamos en un momento decisivo. Si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta”, comentó el fiscal en aquella oportunidad.

Según la ODCI, la carrera fiscal establece ciertas prohibiciones para el ejercicio de la función. Entre ellas se encuentra que los fiscales están restringidos de participar en política, sindicarse, declarar en huelga, entre otros. “Solicitar al fiscal cuestionado, un informe de descargo sobre los hechos descritos dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado y, en caso de incumplimiento, se le declarará rebelde”, se lee en el documento.

El fiscal superior Luis Alberto Germaná Matta, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, afirmó en su resolución que  “se trata de declaraciones de contenido político que deberían ser ajenas y extrañas a la función fiscal”. Además señaló que la conducta del fiscal Pérez “ya se ha vuelto reiterativa”. 

Puso como precedente lo sucedido cuando la Comisión Permanente del Congreso archivó denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, y Pérez declaró a Canal N –el 28 de mayo– lo siguiente: “Se tienen que tomar medidas fuertes, como someter una cuestión de confianza para poder de una vez cambiar esta situación de impunidad”. 

Germaná indica que su disposición se da porque, según la ley de la carrera fiscal, los fiscales deben actuar con objetividad, imparcialidad, neutralidad y ser ajenos a toda actividad o manifestación política. Asimismo, solicitó los descargos del miembro del Equipo Especial Lava Jato en un "plazo máximo de 5 días" tras ser notificado y advirtió que, de no hacerlo, se le declarará "rebelde".

(Foto de cabecera: Andina)

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