Casi un centenar de organizaciones sociales e instituciones de diversas partes del Perú alertan a la ciudadanía de "un proyecto autoritario que vulneraría los fundamentos de nuestra democracia".

En un pronunciamiento, las instituciones representantes de la sociedad civil recuerdan que "el país atraviesa una grave crisis política, social y ética". Señalan que esto se expresa en la permanente confrontación entre el Poder Ejecutivo y la mayoría en el Congreso (Fuerza Popular, Célula Parlamentaria Aprista y otros), en la desnaturalización de las reformas judicial y política, "que mantiene el privilegio de impunidad de los parlamentarios". Resaltan el blindaje a personajes vinculados a la corrupción, como el fiscal supremo Pedro Chávarry y leyes que atentan contra los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Además, advierten de "la amenaza constante contra jueces y fiscales honestos". En este sentido, debemos recordar las críticas de ciertos sectores políticos como el aprismo y el fujimorismo contra fiscales como José Domingo Pérez y jueces como Richard Concepción Carhuancho. Frente a ello, las organizaciones afirman que "el pueblo redoblará su lucha contra la corrupción".

"La mayor expresión de la crisis del régimen político es la exigencia ciudadana que demanda el cierre del Congreso y que se vayan todos. En este contexto se ubica la propuesta del Gobierno de adelanto de elecciones generales para el 2020".

Sobre esta propuesta del presidente Martín Vizcarra, las organizaciones proponen que debe realizarse aplicando nuevas reglas de juego: inscripción de nuevos partidos; elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; con paridad y alternancia; penalización del financiamiento ilícito; impedimento para postular a quienes tengan sentencia en primera instancia y condenas por violencia de género y deudores alimentarios. 

"Elecciones sin cambios en las reglas no garantizan la renovación de la política ni la recuperación de la confianza ciudadana sobre el régimen y las instituciones democráticas".

Además, esperan que se realice el referéndum para ratificar la reforma constitucional que debe ser aprobada en el Parlamento. Para que esto se cumpla, hacen un llamado a "construir la más amplia unidad ciudadana" convocando al "conjunto de fuerzas democráticas, descentralistas y éticas".

De no aprobarse la reforma en el Legislativo, las organizaciones proponen que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, plantee cuestión de confianza y, de ser de denegada, se cierre del Congreso como establecen los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Perú

Sin embargo, estos temas no deben distraer la atención de la ciudadanía de las pretensiones de algunos sectores. Los representantes de la sociedad civil afirman que hay fuerzas que "han capturado al Estado y se oponen a los cambios y reformas que demanda la gran mayoría de nuestro país". En este sentido, consideran peligroso el poder que Pedro Olaechea tiene ahora en el Parlamento.

"Los grandes grupos de poder económico, representados en la Confiep, en alianza con sectores ultraconservadores y anti-derechos, tienen a uno de sus representantes directos como presidente del Congreso de la República. Esta alianza busca garantizar la impunidad de redes mafiosas, obstruir y desviar las investigaciones del Ministerio Público, vacar al presidente de la República y, finalmente, copar todos los poderes públicos. Por ello advertimos que un proyecto autoritario acecha a nuestra democracia y sus instituciones".

Los problemas que afectan al país no solo son la corrupción y el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que hay reclamos que merecen atención, especialmente sobre temas ambientales y laborales, señalan.

Las organizaciones mencionan los conflictos sociales que ocurren en la Amazonía, en Cajamarca, en el Corredor Minero del Sur y en el Valle de Tambo en Arequipa (Tía María). Llaman la atención por la reforma laboral que se pretende realizar a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) que, hasta el momento, se está elaborando sin diálogo con los sindicatos de trabajadores. De igual manera, advierten de los intentos de privatizar Sedapal.

"Igualmente urge acelerar la reconstrucción del norte; la implementación efectiva del acceso a servicios de salud. Una profunda reforma del sistema de justicia libre de corrupción, de impunidad y de estereotipos de género, que sancione a criminales, agresores y feminicidas que han arrebatado la vida de más de 100 niñas y mujeres en lo que va del año", agregan.

Para afrontar esta situación, las organizaciones piden al actual gobierno, y al que venga en caso se adelanten las elecciones, "generar un mecanismo de diálogo y participación ciudadana orientado a tratar al más alto nivel las demandas pendientes y propuestas" surgidas en los conflictos antes mencionados.

"Por lo señalado, convocamos a desarrollar una amplia movilización democrática, unitaria y pacífica a nivel nacional. La participación ciudadana es fundamental para hacer de la actual crisis una oportunidad para refundar nuestro país. Urge un nuevo contrato social para la construcción de una sociedad justa y democrática, y el desarrollo de una economía al servicio de las personas", se lee en el pronunciamiento.
"Las y los peruanos asumimos la necesidad y el reto de construir una verdadera República que garantice bienestar a toda la ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones; con libertades plenas; con paz y justicia social y ecológica; con empleo y trabajo digno; con igualdad de género; y con educación y salud de calidad para todas y todos. La refundación del país nos convoca a todas y todos. Apostemos por un Perú con igualdad, justicia y libre de violencias y corrupción", agregan.

Para el día 5 de setiembre a las 17:00 horas está convocada la gran movilización nacional "¡Que se vayan todos!". Para este sábado 17 de agosto, está la marcha feminista 'Ni una menos' y para el jueves 22 de agosto, la jornada nacional de protesta de los sindicatos contra la reforma laboral que se está preparando.

Entre las organizaciones sociales firmantes, destacan la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), el Foro Salud, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (Fedepaz), la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), DEMUS, Marcha Mundial de Mujeres, Paro Internacional de Mujeres Perú, Red Muqui Perú, el Movimiento Manuela Ramos, Ni una menos, tocan a una tocan a todas, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), el Instituto de Defensa Legal (IDL), EarthRights International, la Confederación General de Trabajadores del Perú  (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), entre otro medio centenar de instituciones de todo el Perú.

Desde el movimiento estudiantil, la Federación de Estudiantes de la PUCP (Fepuc) también se ha unido a esta protesta. A través de su cuenta de Facebook publicó un pronunciamiento en el que se mostró a favor del adelanto de elecciones y pidió actitud vigilante frente al gobierno de Martín Vizcarra. Además, hicieron un llamado a estudiantes de otras universidades a sumarse a la protesta.


[Foto de portada: Andina]


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