Con la promulgación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa en el 2011 y la publicación de su reglamento posteriorimente, el Estado peruano desarrolló los procedimientos adecuados para realizar las consultas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, si bien el Perú es el primer país en tener una ley de este tipo, este es “un convenio incomprendido e incumplido que no promueve el derecho fundamental de los pueblos indígenas y originarios”, según Ibis Fernández, representante de las organizaciones de la sociedad civil peruanas en el evento "Diálogo global sobre el Convenio 169", organizado por la OIT en Ginebra y que se llevó a cabo entre el 18 y 19 de julio pasado.
“Hoy en día se está dando un debate global sobre la aplicación del Convenio 169 y la esencia del mismo que es la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. En el 2018 la CGTP junto con otras organizaciones indígenas y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentamos el Informe Alternativo sobre el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Convenio 169, que resume la situación dramática de los pueblos indígenas, con respecto al cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado peruano para la protección de sus derechos”, afirmó Fernández Honores, responsable del departamento de Ecología y Medio Ambiente de la CGTP.
“Como representante de las y los trabajadores, no coincidimos con las declaraciones de la viceministra de interculturalidad, en el sentido de que en nuestro país, hay incumplimiento e incomprensión debido a la falta de voluntad política en garantizar el cumplimiento de la Convenio 169 y la Consulta previa”, agregó.
Señaló también que es relevante que se incorpore el enfoque de género en la implementación de la consulta previa, lo que significa mayor participación, institucionalidad y empleo de las mujeres indígenas. Fernández fue invitada por las Naciones Unidas a este evento que formó parte de las acciones emprendidas por la organización por los 30 años de la suscripción del Convenio 169 de la OIT.
En representación del Estado peruano, participó la entonces viceministra de Interculturalidad, Elena Burga. La funcionaria explicó que el Perú ha enfocado sus estrategias para promover el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus territorios y derechos colectivos; a garantizar el acceso a la consulta previa y el respeto de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios.
La viceministra afirmó que el país sí está dando avances en la aplicación de la consulta previa, pero reconoció que su implementación es un constante aprendizaje. “La implementación del Convenio 169 de la OIT es un desafío permanente para avanzar en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y la consulta previa es un proceso de aprendizaje permanente, tanto para las entidades del Estado como para los representantes de los pueblos indígenas”, señaló.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que hasta la fecha se han realizado 45 procesos de consulta previa en Perú, pero lamentó que ninguno se haya realizado en el marco de la evaluación de los impactos socioambientales que afectan directamente a los pueblos indígenas.
"Es necesario que el Ejecutivo habilite al Senace para que integre la consulta previa al proceso de evaluación de los proyectos, conjuntamente con los mecanismos informativos y participativos”, señaló.
[Foto de portada: Andina]
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