El proyecto de ley sobre la inmunidad parlamentaria debe ser el que despierta mayor controversia en el Congreso de las seis iniciativas de reforma política presentadas por el Ejecutivo, comprometidas en la cuestión de confianza otorgada a inicios del mes pasado. La bancada de Fuerza Popular no oculta su rechazo al mencionado proyecto y, menos aún, ha dado luces de una posible aprobación en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra. 

Su vocero, Carlos Tubino, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea crear un Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, cuyo objetivo será evaluar y resolver los pedidos para retirar el fuero de los legisladores.  En el documento explica que el Consejo lo integren por nueve miembros: cuatro expresidentes del Congreso de quinquenios anteriores, un expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, y cuatro exmiembros del Tribunal Constitucional (TC). 

En ese sentido, la iniciativa especifica que los referidos miembros no deben estar ocupando cargo de ministro de Estado y serán elegidos por el TC mediante sorteo público y por cada periodo congresal (cinco años). Según Tubino, el objetivo es garantizar la imparcialidad e independencia del procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria de los congresistas. Para ello, plantea la modificación del artículo 93 de la Constitución.

El proyecto fujimorista precisa que los parlamentarios no pueden ser procesados ni arrestados, incluso por delitos cometidos antes de su elección, sin que exista una previa autorización del Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria a excepción de que exista un delito flagrante. De igual manera, se precisa que para que este Consejo pueda proceder a levantar la inmunidad de arresto, esta tiene que provenir de una sentencia firme.

"No pueden ser procesados ni arrestados, incluso por delitos cometidos antes de su elección, sin previa autorización del Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones", se lee en el documento.

Voceros de varias agrupaciones políticas criticaron el proyecto de Tubino. Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, calificó de “absurda” la creación de un organismo especializado solo para evaluar este proceso, ya que significaría dejar de lado el criterio de equilibrio de poderes. “Está mucho mejor [la propuesta del Ejecutivo]. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta en un equilibro de poderes. Lo otro que propone Carlos Tubino ,me parece realmente un absurdo, un desconocimiento total de la lógica republicana", agregó en diálogo con El Comercio. 

Por su parte, el vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, consideró innecesario que se cree un consejo especial, ya que solo "enredaría" mucho más el proceso de levantamiento de inmunidad y no ayudaría a que sea mecanismo más directo. "Los delitos cometidos antes del desempeño de la función tienen que pasar directamente al Poder Judicial. O sea, en 24 horas. Los cometidos cuando están en función, tienen que haber una fecha límite que no puede pasar de 30 días para que el Congreso brinde una respuesta clara y ponga al congresista a disposición. Salvo, que se evidencia en el pleno que hay una motivación de tipo político, sino deberá que pasar al Poder Judicial o al Ministerio Público", aseguró.  

El vocero alterno de Alianza por el Progreso, Eloy Narváez, afirmó que el levantamiento de la inmunidad debería seguir en manos del Congreso, pero con modificaciones al actual proceso. “Hay que asegurarnos de que gente con antecedentes no llegue a asumir al cargo de congresista, con esta reforma que se va a lograr eso ya se va a evitar”, dijo al manifestar que otras propuestas en torno a esta problemática resultan innecesarias, ya que si se asegura que congresistas con sentencias en primera instancia no postulen, se evitarían muchos casos de levantamiento de inmunidad en el futuro. 

Lo que queda claro es que lo planteado por el vocero fujimorista dista mucho de lo que buscaba el Gobierno con su proyecto de ley, el cual planteaba que la Corte Suprema sea el órgano autorizado de revisar la inmunidad parlamentaria y no el Congreso. Dicha iniciativa del Ejecutivo es uno de los seis proyectos de reforma política que se espera el Legislativo discuta y apruebe hasta el 25 de julio, fecha en que culmina la presente legislatura.

(Foto de cabecera: Andina)

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