El optimismo del Ejecutivo y los anuncios de "buena voluntad" y predisposición en el Congreso para sacar adelante en la presente legislatura los seis proyectos de reforma política incluidos la cuestión de confianza aprobada en el Pleno esta semana vuelven a colisionar con la realidad.

Aunque reiteraron su "compromiso" en este tema, desde Fuerza Popular, Acción Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú y el Partido Aprista han remarcado que no aceptarán imposiciones ni vetos del Ejecutivo.  

"Aceptar estas indicaciones que ha dado el Ejecutivo, que no le alteren la esencia [...] de ninguna manera. Lo que creemos que se debe archivar, se archivará. Y si son reformas constitucionales, el Gobierno tiene el camino para recoger firmas e ir a un referéndum", adelantó el aprista Javier Velásquez en El Comercio.

Según el cronograma de trabajo aprobado por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, el último proyecto de ley que se verá es de la inmunidad parlamentaria, precisamente el tema que desencadenó la última crisis y que provocó que el Ejecutivo recurra a la cuestión de confianza. Sobre este punto, el ánimo de la mayoría de bancadas ─que ya habían archivado el primer proyecto sobre este tema del Ejecutivo─ no ha cambiado.

El nuevo proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria es el segundo de los seis que modifica la Constitución, lo que implica que debe ser aprobado en la actual legislatura y en la siguiente, por tratarse de una reforma constitucional. 

Y es el que mayor resistencias genera. Según las consultas que hizo El Comercio, Nuevo Perú es la única bancada que apoya la medida que propone la modificación del artículo 93 de la Constitución y deja en manos de la Corte Suprema la decisión de levantar el fuero a congresistas con deudas con la justicia y precisa que no será necesario este trámite para detener o juzgar a un legislador por casos previos a su elección. "Nos ratificamos en apoyar que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad. En eso estamos de acuerdo con el Ejecutivo", dijo Alberto Quintanilla.

Otros como el congresista del Frente Amplio Marco Arana consideran que se debe regular la inmunidad parlamentaria, pero no bajo los términos propuestos por el Ejecutivo. "¿El Poder Judicial va a ser quien pide y quien sanciona? Además, no se garantiza equilibrio de poderes", remarcó.

En el mismo sentido de pronunció el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, al adelantar que su bancada propondrá que se anule que la Corte Suprema resuelva el levantamiento de la inmunidad. "No puede de ninguna manera levantar la inmunidad quien te va a juzgar", refirió.

 A su turno, Velásquez Quesquén dijo que de ninguna manera aceptarán que la Corte Suprema resuelva la inmunidad parlamentaria, al anunciar que plantearán que se establezca un plazo al Congreso para que se pronuncie en 30 o 60 días hábiles. De no hacerlo, se podrá aplicar el silencio administrativo positivo. "Y entenderá que ha sido autorizado para ser procesado", anotó.

En el fujimorismo, Karina Beteta también anunció  su rechazo a la propuesta del Ejecutivo sobre la inmunidad, al alegar que el Congreso evalúa las acusaciones constitucionales contra los magistrados. "¿Serán argumentos acaso para tener amenazados a los congresistas con la inmunidad para que no cumplan ese trabajo?", se preguntó, tras señalar que seguro al presidente Martín Vizcarra no le gustará y dirá que "no le han dado la confianza".

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