En el 2010, Ezequiel Nolasco Campos era el principal opositor del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Nolasco acusaba a este de corrupción y decía que recibía amenazas por ello, hasta que pasaron de los mensajes a las balas. En julio de ese año, Rubén Moreno Olivo, alias ‘Goro’, junto a su hermano Gonzalo y otros seis sicarios, ingresó a su domicilio e intentó matarlo, no cumplió su objetivo, pero terminó quitándole la vida a su hijo político, Roberto Torres Blas. Así, entre búsqueda de justicia y amenazas de muerte, pasaron cuatro años y Nolasco logró apoyo de un sector de la población de Áncash, por lo que se animó a postular al Gobierno Regional.

La noche del 14 de marzo del 2014, regresaba de Lima, a donde había ido para recoger sus credenciales como candidato de Unión Por el Perú (UPP). Luego de esperar varias horas y no encontrar al responsable del partido, él y sus compañeros decidieron regresar a Chimbote. Como ya era tarde, en el camino hicieron una parada en un restaurante de Huacho para beber unas cervezas. En otra mesa del mismo local, estaba un grupo de sicarios, uno de ellos se da cuenta de su presencia, hace una llamada y se asegura de recibir un pago por matarlo. Alrededor de las once de la noche, Nolasco recibió tres balazos en la cabeza disparados por Joel Cruzate Pereda. En el lugar de los hechos, no estuvo Goro, pero fue él quien dio la autorización para matar, porque tenía contacto directo con los que querían su cabeza. Luego de ser capturado, el sicario reveló que Álvarez pagó 30 mil soles por asesinar a Nolasco.

Tres meses después de este asesinato, el Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva contra Álvarez, acusado de homicidio calificado por esta muerte y de asociación ilícita para delinquir por corrupción. En agosto del 2017, cuando Álvarez ya llevaba tres años en la cárcel, 'Goro' recibió una sentencia de 25 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa (expediente 6487-2011).

Pero esto no es tan simple como un funcionario mandando a matar a su opositor. (Al que al final la justicia le daría la razón porque en junio pasado, Álvarez fue el primer funcionario público condenado por corrupción en el caso Odebrecht).

Esto es una organización criminal, dedicada a la corrupción y al sicariato: se mataba para que los corruptos no sean descubiertos. Hilda Saldarriaga Bracamonte era una testigo clave del primer atentado contra Nolasco y la mataron de siete balazos la madrugada del 11 de julio del 2013 mientras dormía en su casa en Nuevo Chimbote. Los responsables de este crimen son Álvarez y a Moreno, según la Fiscalía (Investigación N° 347-2015-0).

Es por este caso que, a pesar de tener una sentencia firme por el primer intento de asesinato contra Nolasco, alias 'Goro' dejó el penal de Ancón. Tras hacerse pública su fuga, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) anunció el cese inmediato de todo el Consejo Nacional Penitenciario (INPE) y los funcionarios que resulten involucrados en este hecho, aparte de interponer denuncias penales y abrir procesos administrativos. El Minjus precisó que estas medidas se tomaron por la “irregular liberación” de Moreno, pues “se ejecutó la medida de arresto domiciliario sin verificar que el referido interno contaba con otra sentencia de 25 años”. 

En su defensa, el PJ explicó el procedimiento que siguió: 

- El 4 de febrero de este año, un representante del Ministerio Público (MP) pidió detención domiciliaria para el investigado, que al día siguiente el juez Richard Concepción Carhuancho dictó esta medida porque se estaba venciendo el plazo de prisión preventiva (por la investigación de la muerte de Saldarriaga Bracamonte).

- El 1 de abril, el acusado fija su domicilio real en Jirón Azángaro 1045, departamento 416 (Lima Cercado).

- El 14 de mayo la Policía, supuestamente, verifica que el inmueble cumpla con las condiciones.

- Finalmente, el 16 de mayo se cursó oficio de excarcelación a favor de alias 'Goro'.

- El 13 de junio el INPE entregó al investigado a la Policía.

- El 24 de junio se reportó su fuga: el Departamento de Arresto Domiciliario “comunicó a la judicatura el quebrantamiento reincidente de la medida de arresto domiciliario por parte de Moreno Olivo” y se dispuso la orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional del sicario.

En este comunicado, llama la atención que en ninguna parte se hizo mención a la sentencia firme que tenía ‘Goro’ por el atentado contra Nolasco. El problema es que esta sentencia del 2017 no fue notificada en su debido momento al abogado de la familia Nolasco y tuvieron que pasar 16 meses para que la resolución tenga la firma de todos los jueces supremos de la Primera Sala Penal Transitoria, que era la traba para que quede inscrita en el INPE. En diciembre del 2018, el expediente con todas las firmas llegó a la Corte del Santa, pero se registró demasiado tarde porque ya se estaba venciendo la prisión preventiva de ‘Goro’ por el caso de la muerte de Saldarriaga Bracamonte y el sicario pudo salir de la cárcel. Además, se presentó otra traba burocrática, como informa Cuarto Poder:

“La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitó la inscripción de los antecedentes judiciales de ‘Goro’, a la oficina de registro penitenciario de Chimbote. Esta unidad penitenciaria registra la sentencia, pero quedó de manera interna, porque el sentenciado no estaba en el penal de la zona. Según el gerente general del INPE, Edwar Rebaza Iparraguirre, aquí los funcionarios de Chimbote incurrieron en una irregularidad. Tras ello se removió a los responsables”. 

Esta mala inscripción de la sentencia de 'Goro' hizo que el fiscal del caso pidiera cambiar su situación de prisión preventiva a arresto domiciliario (caso Saldarriaga Bracamente) sin saber que ya tenía una condena (caso Blas y Nolasco). Tampoco había forma que el juez Concepción Carhuancho supiera que Moreno Olivo tenía una sentencia condenatoria, porque no aparecía en el sistema.

Pero esta no es la primera vez que ocurre algo así con un asesino. El abogado Juan José Quispe (IDL) recuerda un caso similar: en el 2015, el general (r) Manuel Delgado Rojas fue excarcelado tras ser absuelto por el caso de la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad del Centro (Huancayo). El investigado salió de prisión a pesar de que tenía una condena de 20 años de prisión por la Matanza de Pucará, en la que ocho personas perdieron la vida. La razón: la sentencia no fue debidamente inscrita en el INPE.

En este caso, el error recae en el PJ. En ese momento, el diario La República informó explicó así este insólito hecho:

"Esto fue posible, porque no se notificó al instituto penitenciario de la condena por el caso Pucará. Fuentes del INPE confirmaron a este diario que en octubre último recibió diez oficios de internamiento; sin embargo, hay uno que se repite, y no está el de Delgado Rojas. Además, en el expediente, enviado a la Corte Suprema por la apelación, no están los cargos de estos documentos".

"Hoy, el militar sigue prófugo”, lamenta Quispe, abogado de los familiares de las víctimas de Pucará.

El problema parece el registro manual de las sentencias. Para que un delincuente condenado aparezca como tal en el sistema, un notificador (o trabajador del servicio courier) debe ir con el documento en mano y presentarlo en mesa de partes del INPE. Desde ese momento, ya es responsabilidad de esta institución y, en caso encuentre alguna falla, debe mandar un oficio al PJ para que sea subsanada. Todo un trámite innecesario considerando que se trata de inscribir sentencias, lo cual es muy importante para que una justicia plena.

Para resolver el tema de las firmas de los magistrados, el PJ implementó, en diciembre pasado, la “Firma Digital de las Ejecutorias Supremas” como piloto en las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que en las resoluciones digitales ya no están las firmas manuales escritas con lapicero de los jueces, sino un código que indica que está autorizada la firma de los magistrados. De esta manera, se pretende agilizar, en parte, el trámite de inscribir sentencias y notificar a las partes. 

Resulta sorprendente que, a pesar del avance tecnológico, no haya registro virtual ni automático de las sentencias. Mientras se dan pequeños avances con herramientas tecnológicas en el PJ, un peligroso sicario y un militar violador de derechos humanos se encuentran libres.

Ofrecieron 100 mil soles por la ubicación de Goro, lo incluyeron en la lista de los más buscados y la hija de Nolasco pidió seguridad porque temía por su vida. Finalmente, este sábado por la noche, la Policía capturó al sicario en el distrito limeño de Los Olivos, donde estuvo veinte días.

En un contexto en el que se investigan a organizaciones criminales, en el que los acusados son procesados por varios delitos al mismo tiempo, debemos estar alerta para que este tipo de errores no se vuelvan a cometer.

Responsabilidades

En el Poder Judicial, está el "Registro Nacional de Condenas", un órgano de la gerencia encargado de registrar las sentencias condenatorias remitidas por los órganos jurisdiccionales. Entre otras funciones, están las de inscribir las resoluciones de rehabilitación y otras resoluciones modificatorias de la condena, archivo y custodia de los boletines y testimonios de condenas, proporcionar fotocopia certificada de los boletines y testimonios de condena a solicitud de los Órganos jurisdiccionales, cancelar los Antecedentes Penales previo mandato judicial (Art. 69 C.P), expedir Certificados de Antecedentes Penales de uso administrativo y jurisdiccional.

Por otro lado, el INPE señala como una de sus obligaciones el Registro y ejecución de resoluciones judiciales y administrativas:

"Procedemos a registrar, en los sistemas de registro penitenciario, las resoluciones judiciales y administrativas, como los mandatos de detención o prisión preventiva, sentencias, traslados y otras resoluciones relacionados con el proceso judicial de los procesados y sentenciados; asimismo, ejecutamos los mandatos de excarcelación de las personas privadas de libertad, sobre la base del análisis de los documentos previamente registrados".

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