Una conversación por Whatsapp entre la abogada Giselle Zegarra, exfuncionaria de confianza del exalcalde Luis Castañeda Lossio, y Adelmario 'Léo' Pinheiro, el hoy encarcelado expresidente de OAS, que reveló IDL-Reporteros en octubre de 2016, puso en evidencia las presiones del fundador de Solidaridad Nacional, que en octubre de 2014 ya había sido electo por tercera vez para gobernar la capital, para que la firma brasileña ya no invierta en el proyecto Río Verde, que promovía la gestión de Susana Villarán, porque lo cancelaría al asumir funciones.
Casi tres años después, el mismo Pinheiro y otros tres exejecutivos de OAS, le han confirmado a fiscales peruanos del equipo Lava Jato que, en efecto, Castañeda los obligó, prácticamente, a dejar de lado el proyecto Río Verde y les exigió invertir ese dinero en su ‘by pass’ 28 de Julio, reveló este viernes El Comercio, que precisa que las presiones del exalcalde empezaron incluso antes de que sea electo, cuando iba a la cabeza de las encuestas.
Así consta en el acta con el testimonio que brindó el colaborador N°110 ante los fiscales Carlos Puma Quispe y Milagros Salazar Paiva, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el pasado 15 de marzo. Ese día, este testigo clave relató que como parte del proyecto Línea Amarilla, OAS tenía la obligación de hacer un aporte de unos US$70 millones para el proyecto Río Verde, que promovía la gestión de Villarán, que entre otras cosas, incluía la creación de 25 hectáreas de áreas verdes en la ribera del río Rímac y una obra vial de conexión con el distrito de San Juan de Lurigancho.
"Durante la etapa final de negociaciones, creo que más o menos entre setiembre u octubre del 2014, en que Luis Castañeda ya apuntaba como favorito, Leo Pinheiro recibió una orientación de Luis Castañeda que no siguiera con ese proyecto porque no era su programa de gobierno y que si suscribía ese contrato, al día siguiente lo cancelaría".
En ese contexto fue que, siempre según el testimonio que cita El Comercio, los ejecutivos de OAS Ricardo Ulm Da Silva y Clayton Gonçalves Holanda, a cargo del proyecto Río Verde, presentaron algunas observaciones al proyecto para que no se firme.
Y así fue. Luego, con Castañeda electo, tras ganar las elecciones municipales del 5 de octubre del 2014, el exalcalde y Leonardo Fracassi, exdirector de obras de OAS, se reunieron con sus asesores para empezar a definir los proyectos viales que se ejecutarían en reemplazo de Río Verde. Fue así que se definió hacer el 'by-pass' de 28 de Julio, que Castañeda anunció con bombos y platillos al inicio de su tercer mandato y que hoy presenta graves fallas en su estructura y ejecución.
"A partir de ese momento se hicieron estudios más detallados para que durante los primeros días del gobierno del nuevo alcalde se pudiera anunciar ese proyecto [...] Algunas de esas reuniones técnicas incluso fueron en la oficina de OAS. En toda la etapa de aprobación del proyecto del presupuesto participaron los asesores del alcalde".
El colaborador eficaz de la fiscalía, esta vez el N° 101, dio mayores detalles sobre las razones por las que Pinheiro buscó un acercamiento con Castañeda a través de Giselle Zegarra. Según su relato, el expresidente de OAS sabía "que Castañeda tomó de forma personal los cambios que se habían hecho en el proyecto [original que él inauguró llamado Línea Amarilla y que luego fue cambiado a Río Verde] por Susana Villarán y asumió ello como si OAS hubiera tomado partido a favor de la entonces alcaldesa".
Entre tanto, otro testigo ─el colaborador N° 120─ le entregó a los fiscales Puma y Salazar un correo electrónico de fecha 21 de noviembre del 2014 en el que se "comprueba que los ejecutivos de OAS estuvieron trabajando para el ‘by-pass’ de 28 de julio, antes de que se inicie el gobierno de Castañeda y al mismo tiempo estábamos retrasando el proyecto Río Verde que era [la] voluntad de la señora Villarán".
Así, en marzo del 2015, se consumó el pacto bajo la mesa, cuando Fracassi firmó la adenda al contrato de fideicomiso de Línea Amarilla con la Municipalidad de Lima, que anuló el proyecto Río Verde y estableció que para financiar el ‘by-pass’ de 28 de Julio se usaría el fideicomiso de US$74,5 millones que estaba destinado a Río Verde.
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