El Tribunal Supremo de Brasil rechazó dos recursos de 'hábeas corpus' con los que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva buscaba que se anule su primera condena por corrupción, bajo el argumento de parcialidad por parte del entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro.
Así, la máxima instancia judicial brasileña decidió que el también líder sindical siga encarcelado tras días de tira y afloja entre los propios miembros del tribunal. El primero de los hábeas corpus se desestimó por cuatro votos en contra y uno a favor, y el segundo por tres votos frente a dos, pero el tribunal no entró a decidir si Moro fue parcial o si el juicio contra el expresidente debe ser declarado nulo.
La posición de Lula, que lleva 14 meses preso, parecía haberse reforzado con los diálogos entre Moro y los fiscales de la Lava Jato que reveló The Intercept Brasil, los cuales incluso se habían incorporado a los argumentos de su defensa.
Los abogados del líder del Partido de losTrabajadores (PT) pedían en los recursos que se anule el proceso por el sonado caso del tríplex, por el que Lula, hoy de 73 años, fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, por haber, aceptado que OAS, empresa constructora con grandes contratos públicos, remodelara un apartamento de tres pisos en la playa que el exmandatario nunca utilizó en la práctica.
Lula fue condenado a otros 12 años de cárcel en un segundo caso similar y se enfrenta a un puñado de investigaciones judiciales más, vinculadas al caso Lava Jato, pero el exmandatario y su partido aseguran que su encarcelamiento es fruto de una conspiración para arrebatarle el poder a la izquierda.
Para la defensa del líder del PT, la sospecha de que el exjuez Moro fue parcial se confirmó cuando aceptó la propuesta del ultraderechista Bolsonaro para que sea parte de su gabinete ministerial. Los mensajes que reveló The Intercept apuntaron a reforzar esa tesis.
El ahora ministro de Justicia acudió la semana pasada a petición propia al Senado para responder a las preguntas sobre esas coordinaciones con la fiscalía, y allí rechazó todas las acusaciones de parcialidad y sostuvo que las instituciones que persiguen el delito sufren una arremetida de un grupo criminal que quiere acabar con los avances de la justicia contra la corrupción.
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