La actual administración de la constructora peruana Graña y Montero (GyM), ahora presidida por Augusto Baertl, empezó a admitir su participación en el esquema de sobornos del 'Club de la Construcción' y a entregar evidencia documental al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz en trámite, al confirmar que pagó S/ 12.5 millones de coima por la buena pro para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera la Quinua-San Francisco, que Provías Nacional adjudicó por un valor de S/ 476.7 millones en el 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala.
GyM entregó además documentación al fiscal Germán Juárez Atoche que acredita el pago ilegal que equivale al 2,69% del valor total del tramo 2 de la referida obra en Ayacucho, como parte de una acuerdo cartel de empresas que se repartían entre sí los proyectos del Ministerio de Transportes, reveló este viernes La República, que precisó que las coimas en este caso que pagó el Consorcio Vial Quinua, integrado por Graña y Montero, ICCGSA y EIVI, ascendieron a S/ 37.5 millones.
La evidencia documental comprobaría que la empresa encubrió en su contabilidad el monto del soborno a los funcionarios de Provías y a los operadores externos del 'Club de la Construcción' que urdieron la trama para simular un concurso público y entregar la buena pro al Consorcio Vial Quinua.
Según GyM, fue ICCGSA la que pagó los S/ 37.5 millones de coimas y luego esta cobró a las otras dos consorciadas el monto de 12.5 millones a cada una. Fuentes vinculadas con la investigación, ICCGSA sería la siguiente empresa que negociaría con la fiscalía acogerse a la colaboración eficaz.
Si las autoridades judiciales homologan la información que proporciona Graña y Montero sobre actos de corrupción en los que está implicada, se convertiría en la primera constructora peruana implicada en el caso Lava Jato en convertirse en colaboradora eficaz de la fiscalía.
Bajo la nueva administración de Baertl, Graña y Montero inició una auditoría interna para hallar la evidencia de los actos ilícitos que habían sido revelados por varios de los colaboradores eficaces peruanos y brasileños que salpicaban a la constructora peruana. Así fue que hallaron documentos con montos transferidos que coincidían con las cifras que pagaban de sobornos a miembros del 'Club de la Construcción' a cambio de la adjudicación de obras públicas de su interés.
Fuentes de la Ministerio Público que cita La República confirmaron que la nueva gerencia de GyM entregó valiosa información para la investigación del llamado Club de la Construcción, que implicaría al expresidente de la empresa José Graña Miró Quesada y al exdirector de la misma Hernando Graña Acuña.
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