Sin una pizca de propósito de enmienda. En el fujimorismo insisten en mal utilizar la figura de la inmunidad parlamentaria, la cual se niegan a modificar como parte de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, que se supone que se aplica para los eventuales delitos de función, pero no para los que se hayan cometido antes de ser electos legisladores.
Primero fue con el prófugo Edwin Donayre, condenado a cinco años de cárcel por peculado, por el robo de gasolina en el Ejército en 2009, cuando era general activo de la institución armada, y ahora con el legislador Joaquín Dipas, sentenciado el jueves último por la justicia a cinco años de prisión también por colusión, por la compra ilegal de un terreno en 2008, cuando era alcalde de Pichari (Cusco).
El viernes, Dipas, congresista de Fuerza Popular que ha pasado desapercibido por su labor parlamentaria, adelantó que recurrirá a la misma estrategia que Donayre para evitar la prisión, al anunciar que "ejercerá su derecho a una segunda instancia" frente al citado fallo.
Ese mismo día, el vocero de su bancada, Carlos Tubino, confirmó que su bancada no apoyará que se le levante la inmunidad mientras no se emita el fallo en segunda instancia, informó La República."Si envían el requerimiento, les responderemos que a los congresistas se les detiene con sentencias firmes y ejecutorias", dijo, pero lo cierto es que la ley no exige sentencia consentida para que se cumple un mandato judicial. Lo mismo ocurrió con el vergonzoso caso de Donayre, que hoy sigue sin dar la cara a la justicia.
De hecho, la resolución judicial emitida el último jueves contra Dipas dispone que la condena se ejecute de forma provisional, mientras se resuelve la apelación de la misma. "Deberá impartirse las respectivas órdenes de captura a nivel nacional", se lee en el veredicto que será detallado este 30 en la lectura de sentencia a cargo del juez Jorge Luis Sánchez.
El mismo argumento de Tubino usó la también fujimorista Karina Beteta , al alegar que el reglamento del Parlamento así lo estipula. "Quien no esté de acuerdo, que presente una propuesta y modifique la norma", señaló, pero lo curioso es que el proyecto del Ejecutivo, que con votos de su bancada y del Apra se archivó sin mayor debate y análisis, plantea cambios a la inmunidad parlamentaria, para que sea la Corte Suprema la que defina el levantamiento del fuero y evitar que se siga utilizando esta prerrogativa como un mecanismo de impunidad en el Congreso.
"Los casos del señor Benicio Ríos, Edwin Donayre, Moisés Mamani y ahora el de Dipas reflejan una necesidad de poner control a la inmunidad parlamentaria", dijo por su lado la congresista de Nuevo Perú Tania Pariona. "Están sujetos a un interés político, de blindaje. Hay una reiterada actitud de Fuerza Popular de proteger a quienes tienen que responder a la justicia", añadió.
Privilegio indebido
El abogado penalista Carlos Caro explicó que el juez Luis Sánchez no expresó la posibilidad de que la sentencia se ejecute a través de una segunda instancia, por lo que con el primer fallo el Parlamento debería levantar la inmunidad de Dipas. De lo contrario ─subrayó─ se estaría brindando un privilegio al congresista fujimorista. "Acá están estableciendo un fuero especial. Si fuera así, debería aplicarse a todos bajo el principio de igualdad", dijo, citado por La República.
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