Tal como se preveía, el fujimorismo buscará boicotear los cambios que propone el Ejecutivo a la inmunidad parlamentaria, como parte de la reforma política, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida si es que despoja de este privilegio a los legisladores y otros altos funcionarios con derecho a antejuicio político, tanto para situaciones de arresto como para procesos judiciales en curso.

Este martes, en la Comisión de Constitución, donde se debaten las medidas en ese sentido, la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Bartra (Fuerza Popular), entregó una propuesta de dictamen que busca mantener  no solo la inmunidad tal como está sino además modificar el artículo 100 de la Constitución política, para reforzar los mecanismos de blindaje, alertó La República.

El proyecto de reforma constitucional  N° 4192 del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria busca evitar blindajes como el del ahora prófugo Edwin Donayre, condenado a cinco años de cárcel por robo de combustible al Ejército Peruano, pero la propuesta de Bartra busca mantener en el mismo Congreso la decisión de levantar o no el fuero a los legisladores, salvo para los procesos judiciales en curso en los que sí cedería a la Suprema esa prerrogativa.

La Comisión de Constitución acordó priorizar este tema, por lo que en la sesión de este miércoles del grupo o en la del próximo martes, el fujimorismo aprobaría el dictamen de Bartra por imposición, como ocurrió con otra reforma, la referida al artículo 100 de la Constitución.

El dictamen aprobado el último martes, solo con los votos de Fuerza Popular y Luis Iberico (APP, accesitario del desaforado Donayre), le cambia el sentido al proyecto N° 4185 que presentó el Ejecutivo, el cual planteaba que el Fiscal de la Nación pueda tipificar con libertad los hechos que sean materia de investigación, luego de que el Congreso apruebe una acusación constitucional.

Pero el texto aprobado en la Comisión Bartra, con los votos fujimoristas de Héctor Becerril, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Karla Schaefer y Milagros Takayama, y el de Iberico, señala que el titular del Ministerio Público solo podrá investigar en función a los límites impuestos por el Congreso en su resolución. Si quisiera indagar por otros eventuales ilícitos, otra vez tendría que esperar la autorización del Congreso. 

Se opusieron a este cambio que garantizaría la impunidad que ha caracterizado al actual Congreso, los legisladores Jorge Meléndez (PpK), Marco Arana (FA), Gino Costa (BL), Alberto Quintanilla y Marisa Glave (NP).

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