No cabe duda que la acusación presentada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ha desatado varios cuestionamientos -incluso de quienes en su momento fueron rivales políticos de la pareja- no solo por la cantidad de años de cárcel que se pide, sino por la inclusión en el proceso judicial del Partido Nacionalista Peruano, y su posible disolución

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, fue quien presentó ante la Sala Penal Permanente la acusación formal contra los Humala por el delito de lavado de activos, en el marco de la investigación por el caso Odebrecht. 

Tras las críticas suscitadas por su solicitud, Juárez Atoche tuvo que salir a diferentes medios a aclara la razón por lo que la acusación alcanzó al partido político. El fiscal afirmó que el partido liderado por Ollanta Humala y su esposa fue utilizado como un instrumento para que sus principales dirigentes cometan actos ilícitos. El fiscal aseguró que el artículo 105 del Código Procesal Penal fundamenta su pedido al mencionar que las personas jurídicas pueden ser incorporadas al proceso penal. 

"Esto ha generado bastante polémica entre los representantes de organizaciones políticas porque piensan que se rigen por la Ley de Partidos Políticos. Pero acá no vemos aspectos administrativos, sino hechos de contenido penal. El Partido Nacionalista ha sido instrumentalizado para lavar dinero, ante esto la ley dice bien claro que las personas jurídicas pueden ser incorporadas, como estipula el artículo 105 del Código Procesal Penal, para aplicarse consecuencias accesorias, como una multa, una sanción o la disolución", declaró a Perú 21.

En cuanto a las pruebas que demostrarían el origen ilícito de los aportes de la constructora brasileña al Partido Nacionalista para las campañas 2006 y 2011, Juárez Atoche indicó que no hay documentos que señalen que el dinero salio del Departamento de Operaciones Estructuras, o Caja 2, por lo que se evaluó la prueba indiciaria, y que explicaría ello en el juicio oral.  "Si soy un político públicamente expuesto, debo saber cómo viene ese dinero. [...] Un candidato pudo saber de dónde provenían los aportes", afirmó.

El fiscal también también se pronunció sobre su pedido de 20 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala y 26 para su esposa Nadine Heredia. En ese sentido fue enfático y afirmó que no son "un capricho" suyo, sino que se sustentan en penas que se suman por "hechos concretos" que se les atribuye al matrimonio Humala-Heredia por las campañas electorales del 2006 y 2011. 

"En el caso de Ollanta, la pena mínima por lavado de activos es de diez años, y como él cometió el delito en dos años diferentes, entonces la pena es de 20 años. A Heredia se le imputa lo mismo, pero ella en 2011 realizó actos de conversión con el dinero de los aportes: efectuó contratos ficticios para ocultar el dinero y con eso compró su casa, y por eso se sumó a 26 años de pena. No es un capricho del fiscal", indicó.

(Foto de cabecera: Andina)

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