La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad el informe de calificación contra el congresista Roberto Vieira por el presunto tráfico de influencias para uno de sus familiares. De esta manera, el grupo, encabezado por Janet Sánchez, decidió iniciar la investigación contra el parlamentario no agrupado, quien incluso habría presumido que podía hablar con la titular del Ministerio de la Producción para levantar la suspensión a la embarcación de su primo hermano. 

Fue precisamente Guillermo Venegas Vieira quien reveló los audios donde se le escucha al congresista Vieira pedir 25 mil dólares inicialmente, luego 15 mil, para solicitar a la ministra Rocío Barrios el levantamiento de la suspensión ministerial. El primo del parlamentario lo acusó también de realizar las tratativas para que se aplique la medida disciplinaria, con posterior entrega de dinero. 

Lo cierto es que el congresista estuvo en Produce el viernes 15 de marzo para distintas reuniones con la ministra Rocío Barrios, en las que participaron gremios pesqueros y jubilados. La titular del sector afirmó que no tuvo un diálogo privado a solas con el congresista. Asimismo, el exviceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, reconoció que recibió al parlamentario entre 12 a 15 ocasiones, aunque sin recibir una “propuesta deshonesta” como la suspensión de una sanción a una embarcación.

Roberto Vieira reconoció que pidió ese monto, pero que lo iba a usar para pagarle a un abogado, pese a que en el audio no se le escucha mencionar esta excusa.El legislador señaló anteriormente que se iba a allanar a las investigaciones, aunque recurrió a sostener su inocencia. 

Durante el debate del informe de la secretaría técnica, la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona precisó que la formalización abarca las posibles faltas éticas, más no penales, ya que dicha facultad sólo le corresponde la fiscalía, que también investiga a Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias agravado.  

Cabe destacar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también recibió una denuncia contra el parlamentario por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, así también por infringir los artículos 39, 44 y 93 de la Carta Magna.

(Foto de cabecera: Andina)

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