El operativo naranja contra los acuerdos de colaboración eficaz con constructoras brasileñas implicadas en el caso Lava Jato sigue en marcha. El fujimorismo, que a estas alturas ya ni siquiera muestra vergüenza para blindar a Pedro Chávaarry en el Congreso, presentó dos proyectos de ley que pondrían en riesgo estos procesos claves para desentrañar la mayor trama de corrupción en el país desde la caída de la autocracia de Alberto Fujimori.
El primero, de autoría de Karina Beteta, ingresó por mesa de partes el 22 de marzo, reveló La República. En su iniciativa, la legisladora plantea derogar en su totalidad la decimotercera disposición complementaria final de la Ley 30737, que es la que le da sustento legal al acuerdo suscrito con Odebrecht y que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción.
La disposición complementaria referida regula los incentivos y beneficios de la colaboración eficaz, como la suspensión o reducción de penas y otros efectos jurídicos derivados del delito, pero sin renunciar a la reparación civil.
En el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público alertaron que de aprobarse esta iniciativa de Beteta, no afectaría el acuerdo con Odebrecht que está pendiente de ser convalidado por el Poder Judicial, pero sí perjudicaría la firma de un acuerdo similar de colaboración con la constructora OAS, aún en proceso de negociación.
¿"Candados"?
El otro proyecto de ley lo presentó la fujimorista Milagros Salazar el 4 de marzo pasado, y plantea incorporar una disposición complementaria final también a la Ley 30737, con el objetivo, según dijo la legisladora, de precisar las obligaciones de los colaboradores eficaces.
Este martes, en la Comisión de Constitución, Salazar sustentó su iniciativa y dijo que el proyecto de su autoría le pone "candados" a la Ley 30737, porque precisa "el rol, la función y el deber que tienen los colaboradores eficaces". Agregó que su proyecto es preventivo. "A mí nadie me ha pedido que haya un proyecto o sabotee una colaboración. Tampoco lo permitiría, tengo principios y tengo moral", alegó.
Salazar respondía así a su colega, el legislador Gino Costa (Bancada Liberal), que en la misma sesión del citado grupo de trabajo dijo que la propuesta le genera suspicacia. "Hay varios intentos de impedir el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y espero que este proyecto de ley no sea parte de ese esfuerzo", anotó.
Pero la pretensión de ponerle "candados" al asunto parece innecesaria, a decir de los expertos, porque la colaboración eficaz ya está adecuadamente regulada en las normas vigentes. De hecho, el acuerdo con Odebrecht señala con claridad que quien se someta al proceso está obligado a decir la verdad y que la información que brinde debe ser comprobable, pues de lo contrario no hay beneficios sino más bien sanciones.
A ello se suma que todo acuerdo de colaboración eficaz está sujeto a un control de la legalidad en el Poder Judicial, que debe verificar que se ajuste a la normas y leyes vigentes para que pueda ser aprobado. "Toda la regulación está formulada, volver a regular sobre lo mismo es innecesariamente crear situaciones que pueden dar lugar a confusión", refirió al respecto en El Comercio el efiscal supremo Víctor Cubas, al advertir que un proyecto como el de Salazar podría provocar que quienes quieren colaborar sientan que están siendo hostilizados.
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