Poder Judicial dispuso "apoyo logístico" para la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien es la encargada de realizar el control de legalidad al Acuerdo sobre beneficios de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht.
Así lo anunció el juez superiorJuan Riquelme Guillermo Piscoya, el coordinador del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) de la Corte Superior de Justicia para casos de Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, quien precisó en El Comercio que se aumentará el apoyo logístico y de personal para la magistrada, debido a lo voluminoso del expediente.
"Se ha dado disposiciones para que se le den todas las facilidades del caso y dotar de apoyo logístico y de personal a su despacho. Tanto en el ambiente necesario para la custodia debida del expediente; porque ese expediente se maneja con reserva dada la materia de que se trata; y, en segundo lugar, con el personal administrativo que apoye en las labores propias del personal jurisdiccional".
En concreto, el acuerdo de colaboración con Odebrecht consta cinco tomos con un total de 1.057 folios del pedido y la carpeta fiscal (sustentación documental) con 739 tomos, que suman 147.801 folios que deberán ser revisados como parte del proceso de homologación judicial. El control de legalidad del convenio consta de tres etapas, según explicó el juez Riquelme.
i) La calificación jurídica de los hechos y de los delitos materia del acuerdo.
ii) La evaluación del contenido propiamente dicho del convenio, que tiene que ver con los beneficios y obligaciones asumidos por Odebrecht ante la fiscalía.
iii) El control de legalidad respecto de la reparación civil a favor del Estado.
La jueza
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho tiene por delante una enorme y trascendental labor, que marcará el desenlace final de lo que ha sido la mayor trama de corrupción en el Perú desde la caída del fujimorato.
La magistrada conforma el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde la entrada en funcionamiento de este el 31 de marzo del 2017. Es abogada de la Universidad Nacional de Piura y tiene un Doctorado con mención en Derecho y Ciencias Políticas en la Escuela de Posgrado de esa misma casa de estudios.
También tiene una Maestría con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Piura y realizó pasantías en las escuelas del Ministerio Público de los distritos judiciales de Piura, La Libertad y Cañete.
Respecto a su carrera judicial, se desempeñó como jueza especializada de investigación preparatoria en la Corte Superior de Lima, fiscal adjunta provincial penal corporativa de Cajamarca y asistente de función de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura.
Como magistrada del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción, dictó medidas cautelares (prisión preventiva, impedimento de salida) contra diversos investigados en casos conocidos como Club de la Construcción, La Centralita, entre otros.
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