El último jueves, durante su visita a Lima para exponer las demandas de su comunidad, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y sus asesores legales, Jorge Martín Chávez Sotelo, Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizabal, fueron detenidos por la Policía por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, acusados del presunto delito de extorsión.
Semanas antes, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) había puesto énfasis en el carácter ilegal del bloqueo de la carretera que conecta la mina Las Bambas con el puerto de Matarani, y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) acusó a dichos asesores legales de sabotear el diálogo con las comunidades.
Con estos antecedentes, la detención de los líderes de la comunidad que reclama el pago de una servidumbre minera a la empresa china MMG Limited y al Estado peruano, ha aumentado la tensión en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
Al respecto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha calificado como ilegales a estas detenciones porque, afirma, se ha empleado de manera arbitraria el presunto delito de extorsión. A continuación, sus razones:
1. La detención de los líderes de Fuerabamba es ilegal. El delito de extorsión, por el cual la Fiscalía los acusa, ha sido empleado arbitrariamente en su contra, pues este sanciona a quien pretenda obtener una ventaja económica “indebida”. El pago de una servidumbre minera a la comunidad es un derecho. Así lo reconoce la Ley N° 26505 en su artículo 7.
2. No comete delito quien ejerce un derecho fundamental, de conformidad con el artículo 20.8 del Código Penal. En el caso de Fuerabamba, se exige al Estado respetar el derecho a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio. Este lo reconoce el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y también la Ley de Consulta Previa. Sostener lo contrario equivale a decir que toda acción de presión de sindicatos, por ejemplo, configura este delito. Dicho razonamiento carece de sustento jurídico.
3. Ciertamente, toda medida de fuerza es lamentable, pues implica un fracaso de los mecanismos institucionales para la solución de conflictos. Esta situación expresa la incapacidad del Estado para dar solución a los problemas de los pueblos indígenas. Es lamentable que legítimas protestas sociales no sean respondidas con políticas públicas inclusivas, sino con medidas represivas que no solucionan el problema. Estamos frente a un asunto esencialmente político y no delictivo.
Cuando las comunidades recurren al cierre de una vía pública, no lo hacen para extorsionar, sino con el objetivo de llamar la atención del Estado, la prensa y la opinión pública sobre la violación de sus derechos. Sin embargo, discrepamos abiertamente de las prácticas de los asesores legales, hoy detenidos, por solo buscar satisfacer intereses individuales y no tomar en cuenta las necesidades de la población.
4. Fuerabamba sí posee derecho al pago de una servidumbre minera, lo que no ha sido cumplido por el Estado. Igualmente, incumple otras obligaciones:
a) El Ministerio de Energía y Minas no ha realizado un procedimiento de consulta previa para otorgar licencias de exploración y explotación del proyecto minero Las Bambas.
b) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha realizado un procedimiento de consulta previa para la conversión de un camino en el territorio comunal en carretera nacional.
c) La minera MMG Las Bambas no ha cumplido con indemnizar y compensar a las comunidades aledañas por los daños ambientales originados por el paso de sus camiones.
5. Por otro lado, el Estado viene impulsando medidas que promueven la criminalización de la protesta socioambiental, en clara violación de la Constitución y el Derecho Internacional.
6. La resolución del juez de Cotabambas tiene un vicio de inconvencionalidad, pues desconoce el artículo 10.2 del Convenio 169 de la OIT. Este ordena a los jueces que cuando procesen a miembros de pueblos indígenas prefieran penas alternativas a la pena privativa de libertad, debiendo motivar sus razones cuando se aparten de este mandato, cosa que no ha ocurrido en este caso.
7. Finalmente, exhortamos a las autoridades del Poder Judicial a revocar, en el plazo más próximo, la detención preliminar dictada contra los líderes de Fuerabamba, por ser contraria al Derecho. También invocamos al Ejecutivo–a través de sus diferentes instituciones– a cumplir con sus obligaciones para las comunidades campesinas en el marco del proyecto Las Bambas. Urge adoptar acciones concretas que evidencien el interés del Estado por privilegiar la defensa de los pueblos indígenas y evitar su criminalización.
Desde hace cincuenta días, un grupo de comuneros de Fuerabamba (Apurímac) mantiene bloqueada la carretera que conecta a la mina Las Bambas (MMG Limited) con el puerto de Matarani (Arequipa). Protestan de esta manera en reclamo de una indemnización económica por la contaminación provocada por el paso de camiones con toneladas de minerales por una vía sin asfaltar.
Este problema tiene su origen en las modificaciones realizadas al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado por el Estado peruano en el 2011. Originalmente, estaba planeado trasladar las toneladas de minerales a través de un mineroducto. Sin embargo, después del paso de Xstrata Copper a Glencore y, finalmente, la venta de Las Bambas a la china MMG Limited, se cambió el plan y la empresa decidió, sin consultar a la comunidad, trasladar los minerales en camiones por una carretera en mal estado.
Por este y otros problemas, en abril del 2018, el Frente de Defensa de Cotabambas, junto al Gobierno Regional de Apurímac y la ONG Cooperacción, presentó, ante el Senace, un informe con un total de 22 observaciones a la tercera modificación del EIA. Además, los comuneros pidieron que se desaprueben estos cambios y que el presidente Martín Vizcarra vaya a la zona, pero hasta el momento ninguna de estas cosas han ocurrido.
Anteriormente, en el 2015, se llevaron a cabo protestas en la zona de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac), donde lamentablemente fallecieron tres manifestantes, víctimas de balas disparadas por la Policía Nacional.
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