El Ejecutivo, a través del viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, reiteró que se insistirá en el diálogo para solucionar el conflicto social en Las Bambas, que ya lleva 50 días y que entra en una nueva etapa con el inicio de un paro indefinido anunciado por la comunidad de Fuerabamba, a la que se sumaría, en las próximas horas, la de Chumbivilcas. De momento, ya lo hicieron las de Huancuiri y Pumamarca.
Los comuneros volvieron a bloquear al acceso hacia el campamento minero, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, al ratificar sus acciones de protesta y exigir la liberación de su presidente comunal, Gregorio Rojas Paniura, y los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, que fueron detenidos el último jueves, durante su visita a Lima para exponer las demandas de su comunidad, por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, acusados del presunto delito de extorsión.
Molina señaló que el Gobierno no se ha fijado un plazo para resolver el problema, pero admitió que no se puede prolongar indefinidamente en entrampamiento de una solución, por lo cual invocó a la comunidad de Fuerabamba a no perjudicar a dos regiones, Cusco y Apurímac, por un interés específico.
"El Estado peruano tiene que prepararse y tomar las providencia para resguardar el orden público. No queremos ponernos plazo, sino apostar porque en paz y con diálogo vamos a resolver el problema", dijo el viceministro en Canal N.
Sobre la exigencia de comunidad de Fuerabamba para liberar a sus tres dirigentes detenidos, Molina explicó que el Ejecutivo no puede intervenir sobre una decisión judicial. "Eso depende de otro poder público. Podemos interesarnos por el respeto de sus derechos fundamentales, pero no disponer de su situación legal", precisó.
El viceministro de Gobernanza informó que este miércoles, junto con el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se reunirán con los alcaldes y los consejeros regionales de Apurímac para intermediar por una solución entre la comunidad y la minera. Agregó que entiende los reclamos legítimos de Fuerabamba, pero advirtió que sus exigencias no pueden postergar el interés de otras comunidades de las regiones de Apurímac y Cusco.
Agregó que espera que esta semana se pueda superar el conflicto social para no seguir postergando la discusión sobre desarrollo de Cotabambas y Apurímac.
Sin visos de solución
Pero la tensión en la zona del conflicto no da tregua. El lunes, decenas de personas formaron un cerco humano en el fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, lo que impedía el tránsito hacia la mina de los vehículos de la empresa MMG Las Bambas. Acusan que la firma transnacional de construir una carretera en territorios de su propiedad sin consulta previa.
La vía está libre para las unidades particulares. "Estamos en nuestra propiedad, aquí criamos nuestros ganados y hacemos todas nuestras actividades. Como pueden ver, no hay bloqueo, solo no permitimos que los camiones de la empresa circulen", dijo Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba.
En Yavi Yavi hay un contingente de más de 300 militares y policías que está en la zona hace más de 120 días, desde que se dictó el estado de emergencia."Estamos cansados que nos tilden de extorsionadores y tengan detenidos a nuestras autoridades, si no hay solución volveremos a Fuerabamba y que la mina se retire", agregó Vargas.
La minera MMG sostiene que la solicitud de un pago por el uso de la carretera que exigen los manifestantes es injustificada, debido a que antes del reasentamiento de la comunidad, en noviembre del 2011, Las Bambas ya era titular de una servidumbre de paso de la vía ya existente.
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