El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este jueves un nuevo acto de intimidación y persecución del régimen chavista y culpó a Nicolás Maduro si algo le llega a pasar a su familia, luego de que cuatro policías se acercaron en dos motos y una camioneta sin matrícula y preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales.
"El objetivo es muy evidente, pero no van a lograr quebrarnos a nosotros ni a la familia venezolana", dijo el también presidente de la Asamblea Nacional, a quien el Tribunal Supremo, bajo el control del régimen de Maduro, prohibió salir del país y congeló sus cuentas bancarias.
Este es el segundo intento de amedrentar a Guaidó, luego que de 13 de enero fue retenido por unos minutos en la autopista Caracas-La Guaira por funcionarios del servicio de inteligencia (Sebin). Fue el mismo día que presentó el plan con el que piensa atender la emergencia social y económica en un gobierno de transición.
En paralelo a la intimidación a sus opositores, el régimen de Maduro aumenta la censura. En una semana hubo 40 violaciones de la libertad de prensa, entre ellas 19 detenciones de periodistas, de acuerdo con el Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela, que este jueves elevó la denuncia ante Naciones Unidas.
El caso más reciente es del los periodistas de la agencia Efe, el español Gonzalo Domínguez Loeda y los colombianos Mauren Barriga Vargas y Leonardo Muñoz, quienes dueron puestos este jueves en libertad, sin orden de deportación, luego de pasar 12 horas en la cárcel política del Helicoide, en Caracas, tras ser reportados como desaparecidos el miércoles último.
Esta misma semana fueron detenidos de forma arbitrario los franceses Pierre Caillét y Baptiste des Monstiers, de TF1; los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de TVN. Todos al final fueron expulsados de Venezuela.
Pero lo de los periodistas de Efe, en particular, sienta un precedente peligroso para la precaria libertad de prensa en el país. Los reporteros fueron arrestados durante su cobertura de la crisis, durante actividades pacíficas, y en el caso de Domínguez y Barriga Vargas, fueron buscados por agentes del Sebin en la misma redacción de la agencia española en Caracas.
En todos los casos, los detenidos fueron incomunicados, lo que hizo disparar las alarmas de las asociaciones profesionales y de autoridades como Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, y los Gobiernos de España, Chile, Francia, Colombia y Perú.
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