Tal como lo anunció el lunes, el fiscal de la Nación Pedro Chávarry formalizó su renuncia este martes ante la Junta de Fiscales Supremos, a través de una carta presentada en la mesa de partes de la Junta, que desde las 10:30 a.m empezó a sesionar para definir quién será el fiscal supremo que, de forma interina, asumirá las riendas del Ministerio Público.
La Junta de Fiscales Supremos aceptó la dimisión de Chávarry y designó a Zoraida Ávalos, debido a la ya anunciada declinación de Pablo Sánchez, quien era el fiscal más antiguo y venía de ocupar ese cargo antes de la elección de Chávarry. Ávalos inicialmente será interina, pero su confirmación es un mero trámite, porque es la siguiente en la linea de sucesión después de Sánchez. Estará tres años al frente de la institución.
"Si soy el pretexto para que continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la nación, he decidido por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia dar un paso al costado", se lee en el documento.
Sin asumir culpas ni responsabilidades, Chávarry se victimiza en su carta, al decir que desde que asumió el cargo, el 20 de julio pasado, fue "víctima de ataques mediáticos con falsas afirmaciones y denuncias por parte de algunos congresistas amparados en su inmunidad parlamentaria, representantes de ONG y periodistas digitados por los directivos de algunos medios de comunicación".
El magistrado agregó que el allanamiento de las oficinas de la Fiscalía de la Nación y su suspensión del ejercicio de la abogacía por la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima, son hechos ilegales cuyo "claro propósito" es "satisfacer intereses particulares y que con ello se consiga el objetivo de que desista de mi firma convicción de luchar contra la corrupción dentro del marco legal".
Pero lo cierto es que Chávarry fue el principal responsable de la inestabilidad y crisis en la institución, y perjudicó las pesquisas por corrupción y lavado de activos a cuatro expresidentes y una excandidata presidencial ligados a las actividades ilícitas de la constructora brasileña Odebrecht en Perú. Los cuestionamientos en su contra se agravaron tras la fallida remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. Además, la misma fiscalía lo acusó de ser miembro de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.
Chávarry, que dejó la Fiscalía de la Nación por la presión de la opinión pública y de todos los sectores políticos —salvo el fujimorismo y el Apra, que lo blindaron hasta el final—, se mantendrá como fiscal supremo, aunque quizá no por mucho tiempo, porque este martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por unanimidad, priorizar y acumular las cinco denuncias contra el magistrado, con lo que sería destituido del Ministerio Público. Este viernes 11 se empezará a ver su caso.
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