El Gobierno peruano autorizó la contratación del estudio de abogados Pelayo, Clemente, Baos, con sede en Madrid, para el proceso de extradición del exjuez supremo César Hinostroza, a quien España le acaba de rechazar el pedido de asilo diplomático y continuará detenido en ese país a la espera de que se resuelva el proceso de repatriación en su contra.
La contratación del referido estudio, representado por el abogado Arturo Ventura Puschel, fue autorizada a través de la Resolución Suprema N° 188-2018-JUS, que se publicó este viernes en el diario oficial El Peruano. El dispositivo lleva la rúbrica del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos.
Hinostroza fue destituido de su cargo de juez de la Corte Suprema por el Congreso tras ser acusado por la fiscalía de liderar la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', enquistada en el aparato de justicia peruano e integrada por jueces, fiscales, empresarios y políticos, entre otros, cuyo objetivo era tomar el control de los órganos encargados de administrar justicia para obtener beneficios.
IDL-reporteros destapó la trama corrupta al difundir audios de conversaciones vía telefónica, interceptadas de forma legal, en los que se oye a Hinostroza, así como a otros magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, negociar fallos judiciales.
Tras ser destituido por el Congreso, Hinostroza fugó del país el 7 de octubre por la pasado frontera con Ecuador, con la aparente complicidad de una funcionaria de Migraciones con vínculos con el fujimorismo, y el 13 de octubre ingresó a territorio español, donde pidió asilo político —ya rechazado— antes de ser detenido por las autoridades españolas.
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