Alan García sufrió un duro revés político con el rechazo de Uruguay a su pedido de asilo —quizá el más fuerte desde su contundente derrota electoral en 2016—, pero su situación judicial —la que más le preocupa ahora— se puede complicar, porque en el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú consideran que están dadas las condiciones para pedir la detención preliminar o la prisión preventiva contra el expresidente, porque la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez es una evidencia de que el líder aprista busca evadir las investigaciones.
Pero así y todo, hay dudas sobre la pertinencia de pedir una medida restrictiva de la libertad contra García en el Ministerio Público, reveló La República, al señalar que la pregunta que se hacen en la fiscalía es qué tan oportuno es hacerlo en este momento para los fines de la investigación.
Porque lo cierto es que el fiscal José Domingo Pérez Gómez tiene a su cargo dos indagaciones contra Alan García aún en una etapa incipiente, muy prematura para pasar a investigación preparatoria: una por los US$200 mil que Odebrecht realizó a la campaña del partido aprista en las elecciones del 2006, según la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata; y la otra por los coimas que la constructora pagó para adjudicarse las obras del Metro de Lima.
Este último caso es el que ha dado un giro clave, luego de que el 13 de noviembre pasado la representante legal de Odebrecht, Lourdes Carreño Carcelén, entregó a la fiscalía diversos correos electrónicos internos y documentos bancarios en los que se evidencia un pago oculto de US$ 100 mil a Alan García con dinero sucio de la Caja 2, por una conferencia que realizó para empresarios en Brasil en 2012.
El equipo especial relaciona este pago con la celeridad e interés particular que el exmandatario aprista mostró en su último gobierno, a través de varias normas y dispositivos legales que firmó y que permitieron que Odebrecht se adjudicara los contratos para la construcción de Metro de Lima.
Lo que se viene
Entre las diligencias que la fiscalía tiene pendientes para pasar a una investigación preparatoria en el caso del Metro de Lima están la de interrogar al expresidente García sobre sus viajes con el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y el Decreto de Urgencia 032-2009, que allanó el camino para que esta constructora se lleve al buena pro de su proyecto emblema.
La declaración que debía prestar Alan García ante el despacho del fiscal Pérez el 15 de noviembre pasado se suspendió para informarle sobre la nueva información entregada por Odebrecht sobre el pago simulado a través de un intermediario por una conferencia empresarial en Sao Paulo, con el objetivo de que pueda preparar sus descargos. También tiene previsto ampliar los interrogatorios en Brasil a Jorge Barata, Américo Spinola y Marcos Grillo, claves en esta trama.
Otra diligencia pendiente es la traducción oficial y la corroboración de los nuevos documentos que entregó Odebrecht, porque están en portugués. De acuerdo con la empresa, los correos electrónico originales se encuentran en la base de datos del sistema Drousys, que está en manos de la fiscalía de Brasil. Por ello es clave que se firme el nuevo acuerdo de colaboración con Odebrecht, que ya está listo, porque permitirá a la fiscalía peruana tener acceso a los sistemas My Web Day y Drousys. La constructora además podría entregar nueva información en los próximos días.
Según La República, el fiscal Pérez Gómez también prevé levantar y corroborar el secreto bancario y tributario, de Alan García, para lo que debe llevarse a cabo una pericia contable, porque la información bancaria del exmandatario puede haber sido adulterada. El magistrado también quiere someter al líder aprista a una pericia grafotécnica para corroborar la autenticidad de su letra en algunos documentos de los contratos del Metro de Lima y los decretos de urgencia.
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