El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó el pasado 19 de noviembre que un abogado sea acreditado para que ejerza su "defensa técnica" en la investigación sobre la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', a cargo de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, encargadas de recolectar y nutrir con información sensible dicho caso. 

A través de un comunicado, dirigido a la fiscal Sandra Castro, Chávarry señala que "designa" a un abogado con el “fin de tomar conocimiento directamente de los actos de investigación celebrados, además de los que se estarían actuando en estos momentos en su despacho, los cuales, supuestamente me estarían involucrando en la presente carpeta fiscal”.

Asimismo, Pedro Chávarry mencionó en su escrito el informe complementario que, en agosto pasado, la fiscal Anticorrupción del Callao, Sandra Castro, remitió al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En aquel documento se señala que el actual titular del Ministerio Público, junto a otros 11 altos funcionarios, como jueces y fiscales supremos y e integrantes del CNM, serían parte de la organización.

Fuentes cercanas a la fiscalía, consultadas por El Comercio, afirmaron que Chávarry tendría conocer los procedimientos y lo que estipulan las normas en el sentido de que las fiscales provinciales no pueden investigarlo por su condición de alto funcionario. Por lo tanto, la respuesta de las fiscales debe aclarar que el fiscal de la Nación no figura en su carpeta fiscal ni es parte de la pesquisas.

Los penalistas Carlos Caro y Luis Lamas Puccio coincidieron en que no corresponde que el fiscal de la Nación acredite a un abogado porque no tiene condición de investigado. Recién lo podrá hacer cuando prospere su desafuero en el Congreso de la República. Consultado por El Comercio, Caro comentó que en esta primera instancia Chávarry es testigo y como tal no tiene derecho a acreditar un abogado. 

(Foto de cabecera: Andina)

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